(OPINIÓN) La crisis del yen, el modelo keynesiano vuelve a fracasar
Solo hay cuatro formas en que los Estados pueden obtener recursos para financiar su funcionamiento. Durante los últimos años, políticos de todo el mundo han abusado del mecanismo menos impopular, aquel que les provee la liquidez inmediata para sostener el gasto público y los programas sociales, sobre todo en época de elecciones o cuando se acerca el fin de su mandato para dar una impresión de haber realizado una buena gestión.
Ese mecanismo es la deuda pública. Adquirir compromisos financieros de manera irresponsable, solo para cubrir el gasto corriente, es condenar a las futuras generaciones a pagar la fiesta y el despilfarro de hoy.
Colombia vive hoy este crudo reflejo. La administración de Gustavo Petro ha endeudado al país a razón de 260 mil millones de pesos al día desde que asumió el poder. Como si este panorama no fuera lo suficientemente alarmante, durante los primeros cinco meses del año en curso la colocación de Títulos de Tesorería (TES) pisó el acelerador, alcanzando una cifra de 400 mil millones de pesos diarios en nueva deuda, pactada a tasas que ya rondan el 14%.
Para comprender el peligro inminente que acecha a Colombia si continúa en esta espiral incontrolada de endeudamiento, vale la pena mirar el espejo de la cuarta economía mundial: Japón. El gigante asiático es el vivo ejemplo de lo que ocurre cuando un Estado decide financiar su existencia firmando pagarés.
El Banco Central de Japón ha tratado por todos los medios de controlar la caída de la cotización del yen. Sin embargo, las medidas no han dado frutos y la divisa se encuentra en su mínimo histórico de los últimos 40 años.
El modelo económico japonés tomó como base el keynesianismo, el cual argumenta que cuando la economía se frena debido a la falta de consumo o al aumento del desempleo, el Estado debe inyectar recursos de inmediato. Como los gobiernos no cuentan con reservas suficientes, optan por la salida más fácil: adquirir nueva deuda. Esta herramienta es invisible en el corto plazo y ofrece un excelente rédito para los políticos de turno, ya que los ciudadanos perciben que su gobierno los cuida y actúa por ellos.
Japón sostiene un endeudamiento por encima del 250% de su PIB. Durante mucho tiempo, pudo defender la tasa de cambio de su moneda gracias al flujo masivo de dólares provenientes de sus exportaciones, lo que a su vez contenía la inflación en niveles cercanos al 0%. Esta situación extraordinaria, aunque insostenible en el largo plazo, fomentó la creencia popular de que el keynesianismo realmente funcionaba. Sin embargo, las deudas siempre deben pagarse y la economía japonesa comenzó a resquebrajarse.
Debido al crecimiento industrial de competidores como China, los productos japoneses comenzaron a perder demanda, provocando un retroceso en las exportaciones que hoy tiene a la industria nipona al borde de la recesión. Frente a esto, sus dirigentes, fieles al keynesianismo que detonó la crisis, decidieron duplicar la apuesta y aceleraron el gasto público para maquillar un crecimiento económico marginal.
No obstante, cuando el crecimiento se fundamenta exclusivamente en el gasto público, los recursos inyectados van directo al consumo comercial masivo. Esto despertó un fenómeno que creían controlado: la inflación. Al aumentar el ingreso nominal de los ciudadanos beneficiados por los planes sociales, los japoneses no solo demandaron productos locales, sino también extranjeros, quebrando el balance entre los dólares que ingresaban por exportaciones y los necesarios para pagar las importaciones.
Ante este panorama, los inversionistas globales dejaron de considerar al yen como una moneda de reserva segura y redujeron su apetito por los bonos del Tesoro japonés. Esto obligó al Banco Central a quemar sus reservas internacionales y presionar los tipos de interés para defender artificialmente la tasa de cambio.
Por supuesto, los préstamos ya no se pactan a tasas nominales bajas. Durante décadas, la mayor parte de la deuda japonesa estaba en manos de sus propios ciudadanos, dispuestos a aceptar tasas de interés negativas con tal de proteger su economía. Hoy, Japón se ve obligado a pagar tasas de mercado, lo que drena una porción gigantesca del presupuesto nacional únicamente en el pago de intereses.
Sin inversionistas dispuestos a absorber más bonos del Tesoro y con el margen de endeudamiento agotado, los dirigentes nipones evalúan la otra vía estatal para captar recursos: los impuestos.
El problema de la asfixia fiscal es idéntico al de la deuda: a corto plazo se vende como solución, pero a mediano y largo plazo expone sus verdaderas consecuencias. Un esquema ideal para los políticos de hoy, quienes no estarán en el poder cuando toque lidiar con el desastre. Incluso, una de las frases más célebres de John Maynard Keynes era: “En el largo plazo todos estaremos muertos”
Al aumentar la carga impositiva sobre las empresas, el tejido productivo se erosiona. Cuando las leyes se vuelven hostiles para la multiplicación del capital y la generación de utilidades, el dinero busca rumbos más favorables. Con su salida, los dólares que sostenían la crisis de deuda dejarán de llegar; un cóctel perfecto para la autodestrucción.
Pese a esto, y debido a una sociedad profundamente adicta al Estado de bienestar, la dirigencia política no parece dispuesta a ejecutar ningún recorte al gasto; por el contrario, se promueve su expansión para asegurar la supervivencia electoral.
El ciudadano japonés de a pie critica abiertamente el costo de vida. La inflación destruye su poder adquisitivo y, con una industria en declive, los salarios reales van en barrena. Si no fuera por el agudo invierno demográfico que vive la isla, el desempleo ya sería rampante.
El caso japonés demuestra, una vez más, que el keynesianismo es un mecanismo sumamente eficiente para erosionar naciones mediante el estímulo artificial de la economía. Sin embargo, al ser una doctrina tan seductora para los gobernantes de turno, seguirá saltando de un hemisferio a otro.
El desafío para el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella consistirá en aplicar las medidas necesarias y previsiblemente dolorosas para retomar las riendas de la prosperidad. El reto urgente es erradicar de Colombia el modelo keynesiano que la administración de Gustavo Petro empleó a fondo; una receta peligrosa en una economía en desarrollo que colapsa mucho más rápido de lo que tardó en ceder la cuarta potencia económica del mundo.
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