(OPINIÓN) ¿Empalme o confrontación? Por: Bernardo Henao Jaramillo

Es el protocolo de entrega por la transición de mando que contribuye a la rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva y cuya finalidad es garantizar la continuidad de la administración pública mediante el real conocimiento organizado de información, archivos, contratos, bases de datos, procesos en curso, inventarios y demás elementos que permitan al nuevo gobierno asumir sus funciones con pleno saber previo de la situación institucional, por lo que exige que se efectúe con verdad y transparencia.

El empalme no es una actividad caprichosa. Se encuentra regulado, entre otras disposiciones, por la Ley 951 de 2005, el artículo 39, numeral 2, de la Ley 152 de 1994, el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 50 de la Ley 1757 de 2015. Su propósito es garantizar la continuidad del servicio público sin traumatismos, permitir la elaboración de la planeación y la estrategia para lograr el bien común. Tal procedimiento culmina con la entrega del informe de gestión y su respectiva acta.

Dada su trascendencia y complegibilidad reclama que previamente deben conformarse los equipos de trabajo tanto del gobierno saliente como del gobierno entrante.

Sin embargo, la legalidad del empalme no se agota en la realización de reuniones o en la entrega formal de documentos. Su verdadero alcance exige que la información suministrada sea completa, veraz, íntegra y oportuna. Si durante ese proceso se ocultan documentos, se destruyen archivos, se alteran registros o se impide el acceso a información relevante, el empalme pierde su esencia y puede convertirse en un mecanismo para dificultar el control institucional y la rendición de cuentas.

Si bien el empalme no corresponde a un juicio sobre la actuación de la administración saliente, también lo es que sí amerita efectuar los comentarios pertinentes y por lo poco que ha trascendido a la opinión pública, ya existen cuestionamientos sobre la eventual ocultación o destrucción de material con valor probatorio. De comprobarse tales hechos, las consecuencias irían mucho más allá del debate político. Podrían surgir responsabilidades disciplinarias, fiscales e incluso penales, especialmente si se afectó la conservación de documentos públicos o se obstaculizó el ejercicio de las funciones de control por parte de las autoridades competentes. El anuncio de la auditoría internacional ha generado en el sector gobierno inmensa preocupación.

Asistencia que en esta transición se requiere, no solo por la calificación que la mayoría de los ciudadanos le imparte al gobierno saliente, sino por los principales desafíos de un proceso de empalme, entre los cuales se encuentran: Garantizar la preservación íntegra de archivos físicos y digitales. Evitar la manipulación, alteración o eliminación de información pública. Asegurar la colaboración de todos los funcionarios responsables. Mantener trazabilidad sobre la documentación entregada y recibida. Permitir la verificación posterior por los organismos de control y la ciudadanía.

La práctica institucional ha sido que el gobierno entrante visite al gobierno saliente. En esta oportunidad se ha conocido que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, no asistirá personalmente a la Casa de Nariño y delegó esa responsabilidad en el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. Este explicó que este trabajo viene desarrollándose desde hace aproximadamente siete meses mediante un equipo denominado “Arca de Noé”, apoyado en herramientas de inteligencia artificial y organizado en 22 sectores de trabajo, con un avance cercano al 75%. El ministro de Hacienda cuestiona el diagnóstico de ese equipo de empalme, indicó que es bastante deficiente y no cuenta con la actualización de la información institucional que tiene el gobierno

Las denuncias conocidas recientemente a través de distintos medios de comunicación hacen indispensable que las autoridades competentes establezcan, mediante las investigaciones correspondientes, si existieron simples deficiencias administrativas o conductas deliberadas orientadas al ocultamiento o destrucción de información. La diferencia entre uno y otro escenario tiene profundas consecuencias jurídicas e institucionales.

Hasta ayer se habían celebrado tres reuniones de las comisiones de empalme. Aunque se han desarrollado dentro de un ambiente de respeto institucional, es evidente que el proceso está rodeado de una considerable tensión. Preocupa que se sigan haciendo nombramientos, contrataciones amarradas, un eventual maquillaje financiero y peor aún anunciar una posible reforma tributaria por parte del gobierno saliente. Ambas partes aceptaron que se transmitieran las reuniones y oficialmente el proceso se instalaría el 10 de julio e iría hasta finalizar el mes. Lo hasta ahora cumplido hace parte de la fase de alistamiento.

José Manuel Restrepo afirmó haber encontrado un país con graves dificultades en múltiples sectores: crisis energética que se agravará por un posible apagón, deterioro de las finanzas públicas, el mayor nivel de endeudamiento en relación con el PIB, un elevado costo del crédito, problemas estructurales en el sistema de salud, desaceleración de sectores estratégicos como la construcción, la infraestructura, la minería y los hidrocarburos, además del deterioro de la educación y de las relaciones internacionales.

En medio de este proceso, que tendrá una duración aproximada de un mes conforme a la Ley 951 de 2005 y que no genera costos para el Estado, el presidente electo sorprendió al anunciar un apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo por 60 millones de dólares no reembolsables. Sobre estos recursos, el vicepresidente electo aclaró en entrevista con Blu Radio que estarán destinados al acompañamiento técnico y al inicio de la gestión gubernamental, y no al proceso de empalme, enfatizando que quienes participan en este último lo hacen de manera gratuita y por compromiso con el país.

En definitiva, el éxito de un empalme no se mide por el número de reuniones realizadas, sino por la calidad, integridad y transparencia de la información que recibe el nuevo gobierno. Si el proceso se desarrolla con absoluta apertura, fortalecerá la confianza en las instituciones y facilitará una transición ordenada. Si, por el contrario, llegaran a comprobarse actos de ocultamiento, destrucción o manipulación de información pública, corresponderá a los organismos de control establecer las responsabilidades individuales y aplicar las sanciones previstas por la ley. La democracia exige transiciones transparentes, no confrontaciones ni sombras sobre la verdad administrativa.