(OPINIÓN) El chantaje. Por: María Clara Posada

Ese equilibrio permite que las diferencias más profundas se resuelvan sin que cada elección se convierta en una disputa sobre la supervivencia misma del régimen. Por eso resulta inquietante que el senador Iván Cepeda haya anunciado una campaña de desobediencia civil si el presidente electo, Abelardo de la Espriella, no satisface determinadas exigencias políticas formuladas incluso antes de posesionarse.

Más que una invitación a la resistencia cívica, esa declaración parece introducir una lógica distinta. La lógica del chantaje político.

Conviene distinguir ambos conceptos. La desobediencia civil posee una larga tradición filosófica y constitucional. El chantaje político responde a una dinámica completamente diferente. La primera pretende llamar la atención sobre una injusticia grave cuando los mecanismos institucionales han sido insuficientes. El segundo anuncia que la normalidad institucional dependerá de que un gobernante acepte condiciones impuestas por quienes fueron derrotados en las urnas. En un caso se interpela la conciencia pública. En el otro se intenta convertir la presión en un sustituto de la deliberación democrática. Ni siquiera los grandes defensores de la desobediencia civil justificarían semejante planteamiento.

John Rawls, en A Theory of Justice, definió la desobediencia civil como un acto público consciente, no violento y estrictamente excepcional para corregir violaciones evidentes de los principios de justicia después de haber recorrido los cauces institucionales. Hannah Arendt, en su ensayo Civil Disobedience, también la concibió como un recurso extraordinario dentro de democracias que mantienen abiertos los canales de participación. Ninguno entendió la desobediencia civil como un mecanismo para condicionar anticipadamente el ejercicio legítimo de un gobierno elegido conforme a las reglas constitucionales.

La tradición política preocupada por la estabilidad institucional fue todavía más exigente. Thomas Hobbes advirtió en Leviathan que una comunidad comienza a desintegrarse cuando cada grupo decide obedecer únicamente aquellas decisiones que coinciden con sus propias convicciones. Así mismo, Edmund Burke sostuvo en Reflections on the Revolution in France que las instituciones representan la experiencia acumulada de generaciones y que debilitarlas por la fuerza de las pasiones políticas suele producir males superiores a aquellos que se pretende corregir. Ambos comprendieron que el orden constitucional no es un obstáculo para la libertad, sino su condición indispensable. Michael Oakeshott desarrolló esa misma intuición en Rationalism in Politics. La democracia, afirmaba, no consiste en imponer la voluntad propia cada vez que el resultado electoral resulta desfavorable, sino en aceptar procedimientos comunes incluso cuando producen desenlaces incómodos.

Por su parte, Sr.  Roger Scruton añadió en The Meaning of Conservatism que la lealtad al Estado de derecho constituye el vínculo esencial de una sociedad libre y que normalizar la desobediencia como herramienta ordinaria de confrontación termina erosionando la confianza pública en las instituciones.

Quizá allí aparece una diferencia de fondo entre dos maneras de concebir la política. La tradición liberal y conservadora ha procurado perfeccionar las instituciones porque entiende que el orden jurídico protege la libertad de todos. Una parte importante de la izquierda contemporánea, en cambio, parece confiar más en la movilización permanente que en la estabilidad institucional.

Cuando las urnas no ofrecen el resultado esperado, algunos como en nuestro caso quien resultó perdedor el pasado 21 de junio prefieren trasladar la disputa desde los procedimientos constitucionales hacia la presión callejera. Es una estrategia comprensible desde la lógica de la confrontación, pero profundamente inconveniente para la salud de una república. Las democracias no se debilitan porque existan oposiciones fuertes. Se debilitan cuando algún sector pretende que la autoridad emanada del voto solo merece obediencia si acepta previamente sus condiciones.

Ese es el verdadero problema del anuncio conocido en estos días. No propone una discusión sobre decisiones de gobierno. Propone condicionar el ejercicio mismo de la autoridad constitucional. Allí termina la oposición legítima y comienza el chantaje político. Cuando la presión pretende sustituir las reglas comunes, deja de fortalecerse la democracia y empieza, lentamente, a deteriorarse el Estado de derecho que garantiza la libertad de todos.