La Constitución de 1991 está cumpliendo 35 años en medio de un llamado a fortalecer la democracia
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, y la defensora del Pueblo, Iris Marín, se unieron a la conmemoración de los 35 años de la Constitución Política de Colombia de 1991.
La Constitución Política de Colombia de 1991 está conmemorando hoy sábado 4 de julio su aniversario número 35, una fecha que marca uno de los hitos más importantes en la historia institucional del país. En el marco de esta celebración, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, y la defensora del Pueblo, Iris Marín, participan en la conmemoración y destacaron la importancia que ha tenido la Carta Política en la consolidación del Estado social de derecho, el fortalecimiento de la democracia y la ampliación de las garantías para los ciudadanos.
Promulgada el 4 de julio de 1991, la Constitución transformó la organización política y administrativa de Colombia al incorporar nuevos principios democráticos, ampliar el reconocimiento de los derechos fundamentales y establecer mecanismos que fortalecieron la participación ciudadana en los asuntos públicos. Desde entonces, el texto constitucional se ha convertido en el principal marco jurídico que orienta el funcionamiento de las instituciones del Estado y la protección de los derechos de la población.
Con motivo de esta conmemoración, la Procuraduría General de la Nación difundió un mensaje institucional en el que destacó el significado de los 35 años de vigencia de la Constitución bajo el lema: "Nuestra Constitución cumple 35 años, inspirando la construcción de un país más democrático, participativo y respetuoso de los derechos de todos".
La publicación también hizo referencia a la estrategia "Diálogo para construir consensos", iniciativa impulsada por el Ministerio Público con el propósito de promover espacios de concertación, fortalecer el respeto por las instituciones y contribuir al fortalecimiento de la convivencia democrática.
La entidad resaltó que la Constitución continúa siendo el principal instrumento para orientar la actuación de las autoridades públicas y garantizar el respeto por los principios que sustentan el orden jurídico colombiano.
En el marco de la conmemoración, la defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado a fortalecer el respeto por las instituciones, reconocer el valor de la diversidad y rechazar cualquier manifestación de violencia o estigmatización.
La funcionaria destacó que la Constitución de 1991 ha permitido ampliar el reconocimiento de derechos, consolidar mecanismos de protección para la ciudadanía y brindar herramientas institucionales para afrontar los conflictos sociales y reducir las desigualdades.
"En un momento en el que el país requiere más consenso, respeto por la diferencia y confianza en las instituciones, reafirmamos que la Constitución sigue siendo un marco común que protege a todas las personas, sin distinción, y orienta la actuación de las autoridades públicas", expresó Marín durante la conmemoración.
Entre los principales avances introducidos por la Constitución de 1991 se encuentran el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana, la creación de nuevas entidades de control, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de Colombia y la ampliación de las garantías para la protección de los derechos humanos.
La Carta Política también consolidó instrumentos como la acción de tutela, que se convirtió en uno de los mecanismos más utilizados por los ciudadanos para la defensa inmediata de sus derechos fundamentales, además de fortalecer otras herramientas jurídicas como las acciones populares y de cumplimiento.
Tres décadas y media después de su promulgación, la Constitución de 1991 continúa siendo el eje sobre el cual se estructura el sistema jurídico e institucional colombiano. Sus principios orientan las decisiones de las autoridades públicas y sirven como fundamento para el funcionamiento de las instituciones democráticas.
Entre tanto la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo permitieron reiterar la importancia de preservar los valores consagrados en la Carta Política, entre ellos el respeto por los derechos humanos, la participación ciudadana, la separación de poderes y la defensa del Estado social de derecho.
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