(OPINIÓN) El reto es que la luz no se apague. Por: Hernán Alberto García Mahecha

Después de recorrer durante más de una década las Zonas No Interconectadas de Colombia, hay una conclusión que se vuelve imposible de ignorar: construir infraestructura es apenas el comienzo. El verdadero desafío empieza cuando termina la obra.

Lo he visto en terreno. Un proyecto puede estar bien diseñado, contar con equipos de buena calidad, cumplir las especificaciones técnicas y llegar a comunidades que durante años esperaron la energía. Pero si desde el primer día no existe un responsable claro de su operación, mantenimiento y sostenibilidad, el riesgo empieza a crecer en silencio. No siempre se nota en la inauguración. Se nota meses o años después, cuando aparece una falla, cuando una batería pierde capacidad, cuando un inversor requiere atención, cuando una red necesita mantenimiento o cuando la comunidad descubre que nadie sabe con precisión quién debe responder.

Ese es el punto que, en mi opinión, debe ocupar un lugar central en la agenda energética de los próximos años. Colombia ha avanzado en la financiación y construcción de infraestructura para las Zonas No Interconectadas. Ahora debe avanzar con la misma decisión en su sostenibilidad.

Las Zonas No Interconectadas no son un asunto marginal. De acuerdo con el IPSE, abarcan cerca del 52% del territorio nacional y, a marzo de 2025, tenían identificadas 1.664 localidades. Estamos hablando de una porción inmensa del país que, por razones geográficas, históricas y económicas, no está conectada al Sistema Interconectado Nacional y depende de soluciones autónomas de generación.

Durante años, la discusión se concentró en ampliar la cobertura. Y tenía sentido. Llevar energía a territorios apartados significaba abrir la puerta a mejores condiciones de vida, educación, salud, comunicaciones y actividad productiva. En muchas comunidades, la energía no es simplemente un servicio público: es la primera condición para que algo más pueda ocurrir.

El Estado colombiano ha creado instrumentos importantes para ese propósito. El FAZNI, administrado desde el sector minero-energético, fue concebido precisamente para financiar planes, programas y proyectos de inversión en infraestructura energética en las Zonas No Interconectadas. Su objetivo incluye la construcción e instalación de nueva infraestructura, así como la reposición o rehabilitación de la existente, con el propósito de ampliar cobertura y atender la demanda de energía en estos territorios.

También han participado recursos de regalías, mecanismos como Obras por Impuestos y esfuerzos de entidades territoriales, empresas prestadoras e instituciones del Gobierno nacional. Sería injusto desconocerlo. Durante distintos gobiernos, con enfoques políticos diferentes, el país ha mantenido una voluntad de llevar energía a las regiones más apartadas.

Pero la siguiente pregunta es más exigente: ¿qué ocurre después?

Una política pública no puede medirse únicamente por el número de sistemas instalados ni por la cantidad de usuarios que entran a una estadística de cobertura. Esos indicadores son necesarios, pero incompletos. El verdadero resultado debería evaluarse con una pregunta mucho más simple y mucho más dura: ¿cuántos de esos sistemas seguirán funcionando bien dentro de diez, quince o veinte años?

Allí está el centro del debate. La infraestructura energética en ZNI no se comporta como una obra que se entrega y queda resuelta. Un sistema solar híbrido, una planta de generación, un banco de baterías, una microred o una red de distribución necesitan operación permanente, mantenimiento preventivo, reposición de componentes, monitoreo, gestión comunitaria y capacidad de respuesta logística en territorios donde llegar a atender una falla puede ser tan complejo como construir el proyecto original.

La transición energética aumenta todavía más esa exigencia. Según cifras publicadas por el IPSE, a marzo de 2025 el 78% de la capacidad instalada en las Zonas No Interconectadas seguía dependiendo de generación diésel y solo el 22% correspondía a fuentes renovables. Eso significa que la transformación apenas está comenzando. En los próximos años el país tendrá que incorporar más soluciones solares, híbridas, sistemas de almacenamiento, medición inteligente y esquemas de gestión más sofisticados.

Ese cambio es positivo, pero también obliga a madurar el modelo. La energía renovable en las ZNI no puede entenderse como una simple sustitución de tecnología. Cambiar diésel por solar, o por sistemas híbridos con baterías, exige nuevas capacidades operativas. La pregunta no es solo quién instala los equipos. La pregunta es quién los administra, quién los monitorea, quién responde por ellos, quién repone componentes, quién garantiza el servicio cuando cambian los gobiernos, los presupuestos o las prioridades.

El Ministerio de Minas y Energía y el IPSE tienen allí una responsabilidad central. No para partir de cero, sino para llevar el modelo a una nueva etapa. La propia regulación del FAZNI contempla elementos que van en esa dirección: los proyectos deben hacer parte de una solución institucional y empresarial adecuada, contar con fuentes de financiación suficientes para su ejecución y terminación, y considerar la administración, operación y mantenimiento. Incluso los criterios de distribución de recursos valoran la contribución del proyecto a una solución institucional y empresarial integral, así como las mejoras en cobertura y confiabilidad.

Ese punto es clave. El problema no es que el marco institucional ignore por completo la sostenibilidad. El problema es que, en la práctica, esa sostenibilidad no siempre tiene el mismo peso que la construcción. La fase de inversión suele estar completamente estructurada: diseños, presupuestos, interventoría, equipos, cronograma y entrega. En cambio, la fase de operación muchas veces aparece tarde, cuando la obra está finalizando o cuando el sistema ya fue entregado.

Y en las ZNI, llegar tarde puede costar muy caro.

Por eso considero que el siguiente capítulo de la política energética para estas zonas debe ser claro: ningún proyecto financiado con recursos públicos debería avanzar sin tener definido, desde su estructuración, el operador que responderá por su administración, operación y mantenimiento durante la vida útil del activo.

No hablo de un formalismo. Hablo de una condición estructural. La empresa prestadora del servicio debe conocer el proyecto antes de recibirlo. Debe participar en la revisión del diseño, entender la tecnología instalada, dimensionar los costos reales de operación, prever la logística de atención, preparar el talento humano, estructurar el esquema financiero y asumir indicadores claros de calidad, continuidad, recaudo, medición y respuesta.

Esa empresa no puede aparecer como un invitado al final del proceso. Debe ser parte del diseño institucional del proyecto.

El país ya cuenta con herramientas que pueden ayudar a cerrar esa brecha. El IPSE ha venido fortaleciendo el Centro Nacional de Monitoreo y los sistemas de telemetría para hacer seguimiento a la continuidad y calidad del servicio en localidades de las ZNI. Ese esfuerzo es valioso. Pero el monitoreo, por sí solo, no resuelve el problema si no está conectado con una capacidad empresarial de intervención. Saber que un sistema falla es importante. Tener quien lo atienda oportunamente es lo que realmente protege la inversión y el servicio.

Allí también deberán transformarse las empresas prestadoras de servicios públicos. Las ESP que quieran asumir un rol serio en las ZNI de los próximos años tendrán que prepararse para una realidad distinta. No bastará con administrar redes convencionales o despachar combustible. Será necesario operar activos distribuidos, monitorear sistemas en tiempo real, gestionar baterías, anticipar fallas, usar analítica de datos, formar personal local, trabajar con comunidades étnicas y rurales y responder en condiciones geográficas complejas.

En otras palabras, las ZNI exigirán empresas más técnicas, más flexibles y más presentes en el territorio. También exigirán modelos financieros que reconozcan que operar en una cabecera urbana no es lo mismo que sostener un servicio eléctrico en una comunidad aislada, donde la logística, el recaudo, la cultura de pago, la disponibilidad de repuestos y la formación técnica local tienen dinámicas completamente diferentes.

El próximo gobierno recibirá una infraestructura energética más amplia que la existente hace una década y una transición renovable que apenas comienza. Su reto no será únicamente financiar nuevos proyectos. Será proteger el patrimonio público ya construido y asegurar que la nueva infraestructura no repita errores del pasado.

Esto exige decisiones concretas. El Ministerio de Minas y Energía, el IPSE, la UPME, la CREG, la Superintendencia de Servicios Públicos, las entidades territoriales y las ESP deben alinear mejor sus instrumentos. La planeación, la financiación, la regulación, la vigilancia y la operación no pueden seguir funcionando como etapas separadas. En las ZNI, la sostenibilidad debe diseñarse desde el origen.

Durante más de dos décadas Colombia concentró buena parte de su esfuerzo en cerrar la brecha de cobertura. La próxima década deberá concentrarse en cerrar la brecha de sostenibilidad. Esa es una conversación menos visible, menos vistosa y probablemente menos rentable en términos políticos, porque no siempre produce una foto de inauguración. Pero es la conversación que determinará si la inversión pública realmente transforma la vida de las comunidades o si se deteriora con el paso del tiempo.

No se trata de construir menos. Se trata de construir mejor, con una visión completa del ciclo de vida del activo. Un proyecto energético en una zona no interconectada no termina cuando se instala el último panel, se energiza la red o se firma el acta de entrega. Termina, si acaso, muchos años después, cuando la comunidad puede decir que la energía sigue allí, funcionando con calidad y continuidad.

La transición energética en las ZNI no será recordada por el número de sistemas instalados. Será recordada por la capacidad del país para mantenerlos operando cuando cambien los gobiernos, los presupuestos y las prioridades.

Porque construir infraestructura requiere inversión. Preservarla requiere visión de Estado.

Y quizá ese sea el verdadero reto que Colombia tiene por delante: que la luz no se apague después de la inauguración.

Fuentes institucionales consultadas

• IPSE. 'Zonas no interconectadas: la urgencia de una transición energética con monitoreo inteligente' (15 de mayo de 2025).

• Ministerio de Minas y Energía. Página oficial del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI).

• Ministerio de Minas y Energía. Manual guía para la formulación, presentación y evaluación de proyectos FAZNI.

• IPSE. Informe de rendición de cuentas 2024, referencias al Centro Nacional de Monitoreo y sistemas de telemetría.