(OPINIÓN) El show de la fuerza: ¿autoridad o barbarie? Por: César Bedoya

Ver al mandatario transitar entre los cuerpos abatidos de las disidencias de alias 'Iván Mordisco' exponen de golpe la verdadera naturaleza de un país sumergido en una dinámica donde el poder y la muerte cruzan permanentemente sus fronteras. La escena incomoda, choca y enciende alarmas, pero obliga a formular una pregunta que muchos prefieren esquivar: ¿hasta dónde debe llegar la escenografía de la autoridad en un Estado devastado por la violencia?

Como era de esperarse, la Defensoría del Pueblo y diversos sectores de la oposición alzaron la voz en un rechazo unánime, tildando el acto como una frente a la dignidad y al derecho internacional humanitario. Sin embargo, resulta difícil pasar por alta la selectividad de esa indignación. Se impone con fuerza una severa “ley del silencio” cada vez que la barbarie proviene de la acera contraria: cuando los grupos ilegales emboscan patrullas, desfilan con policías secuestrados como trofeos o sometiendo a comunidades enteras al terror. Esta doble vara ética erosiona la credibilidad de quienes condenan la estética del conflicto, pero callan ante sus causas sistemáticas.

No se trata de memoria corta, sino de un historial de crueldad documentada. En Colombia, guerrillas y paramilitares no solo han ejecutado masacres, sino que han hecho del vejamen un espectáculo. Han jugado al fútbol con las cabezas de sus víctimas, han masacrado campesinos a sangre fría, han reclutado niños y han grabado con sevicia la humillación de soldados y ciudadanos indefensos. La barbarie en nuestra historia nunca ha sido sutil; siempre se ha utilizado como un instrumento publicitario de dominio y control territorial.

En el lenguaje de la confrontación armada, la nobleza es un mito romántico. La guerra se mueve por símbolos de fuerza, disuasión y demostración de poder. Aunque sostengo firmemente que el Estado jamás debe degradarse al nivel moral de los criminales ni apelar al miedo como política pública, la postura del mandatario envía una señal inequívoca de coherencia con la promesa electoral que lo llevó al poder. Al proclamar que no llegó a contemporizar con asesinos ni reclutadores, sino a combatirlos con el imperio de la ley y las armas de la República, el gobierno traza una línea divisoria tajante con la pasividad institucional.

Aunque me distancia de esta clase de símbolos implacables, porque las formas de la democracia deben resguardarse incluso frente al peor de los enemigos, es imposible no reconocer la sensatez y la firmeza implícitas en recuperar la autoridad estatal. Colombia viene de atravesar cuatro años donde, bajo el mandato de Gustavo Petro, la noción de paz se tradujo para muchos en una concesión territorial sin garantías, donde los grupos al margen de la ley operaron sin verdaderos límites mientras la ciudadanía y las fuerzas del orden quedaban desprotegidas.

Frente a actores armados que han demostrado no tener ningún respeto por los derechos humanos, exigen que el Estado los combata con guantes de seda parece un ejercicio de cinismo teórico. Si la delincuencia organizada no reconoce frenos éticos para masacrar, el uso legítimo de la fuerza pública tampoco puede ser atado por titubeos políticos. El mensaje del nuevo ejecutivo marca un punto de no retorno: se acabaron los congelamientos tácticos, las treguas unilaterales y los salvoconductos que servían de oxígeno a las estructuras criminales.

El país entra así en una etapa sin matices ni medias tintas, donde a las estructuras ilegales solo les restan dos caminos: la rendición total ante la justicia o la baja en combate. El video de Miraflores nos enfrenta a un espejo incómodo pero necesario: nos obliga a decidir si preferimos la ilusión de una corrección política que perpetúa la impunidad o la crudeza de un Estado dispuesta a ejercer el monopolio de la fuerza sin contemplaciones.