Fuerza Pública reportó 43 capturas y millonarias incautaciones contra el narcotráfico en las últimas 24 horas

Una nueva jornada de operaciones contra las estructuras criminales dejó 43 capturas y tres sometimientos a la justicia, de acuerdo con el balance presentado por el presidente Abelardo De La Espriella. Las acciones de la Fuerza Pública estuvieron dirigidas contra organizaciones dedicadas a diferentes actividades delictivas, entre ellas el narcotráfico, el tráfico de migrantes y otras modalidades de crimen organizado.

A través de un mensaje divulgado sobre los resultados de seguridad, el mandatario aseguró que las autoridades mantienen activa la ofensiva en distintos territorios del país y destacó la incautación de importantes cantidades de estupefacientes, armas y elementos utilizados por las organizaciones criminales.

“¡La ofensiva de nuestra Fuerza Pública no se detiene!”, afirmó De La Espriella al presentar el balance de las últimas 24 horas. Según el jefe de Estado, durante este periodo fueron retiradas de circulación 4.549 municiones, cinco armas de fuego y siete depósitos ilegales.

El componente antidrogas también registró resultados relevantes. De acuerdo con las cifras entregadas por el presidente, las autoridades incautaron 297 kilogramos de cocaína y 317 kilogramos de marihuana, además de 350 kilogramos de base de coca que se encontraban en proceso.

Las operaciones permitieron, además, afectar ocho laboratorios dedicados a la producción de pasta base de coca. En estos procedimientos también fueron intervenidos miles de galones y kilogramos de insumos utilizados para la fabricación de sustancias ilícitas, lo que representa un golpe a la infraestructura necesaria para mantener las cadenas de producción del narcotráfico.

Entre los operativos destacados por el Gobierno se encuentra uno desarrollado en Soacha, donde fueron capturadas 11 personas señaladas de pertenecer a una estructura conocida como “pinchallantas”. Esta modalidad delictiva ha sido relacionada con acciones dirigidas contra conductores y vehículos, por lo que el resultado fue presentado como parte de las acciones contra organizaciones que operan en zonas urbanas.

En Barranquilla, por otra parte, cinco personas fueron capturadas en procedimientos dirigidos contra integrantes de las estructuras conocidas como “Los Costeños” y “Los Pepes”. Mientras tanto, en Ipiales, las autoridades reportaron la captura de ocho integrantes de “Los Patios”, organización señalada de estar relacionada con delitos como tráfico de migrantes, homicidio y falsificación de moneda extranjera.

El presidente también presentó un balance acumulado desde el inicio de su administración, el 7 de agosto. Según las cifras divulgadas, desde esa fecha se han producido 17.147 capturas y se han incautado 75.613 kilogramos de estupefacientes. A esto se suman 1.761 armas de fuego retiradas de circulación y 1.506,8 hectáreas de cultivos de coca erradicadas.

Estos resultados hacen parte de la estrategia de seguridad planteada por el Gobierno, que busca afectar no solamente a los integrantes de las organizaciones criminales, sino también su capacidad logística, económica y territorial.

De La Espriella aseguró que las operaciones continuarán y que la Fuerza Pública mantendrá la presión sobre las estructuras ilegales. “No vamos a bajar la guardia. Vamos por los criminales, sus armas, sus laboratorios, sus finanzas y sus territorios”, sostuvo el mandatario.

El mensaje del presidente apunta a mantener una ofensiva integral contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado, mediante acciones que combinan capturas, incautaciones, destrucción o afectación de infraestructura ilegal y erradicación de cultivos ilícitos.

Al cerrar su pronunciamiento, De La Espriella lanzó una advertencia a las organizaciones criminales que continúan operando en diferentes regiones: “En Colombia, los bandidos no van a tener un minuto de tranquilidad”. La declaración refleja la decisión del Gobierno de mantener como una de sus prioridades la ofensiva de la Fuerza Pública contra las estructuras ilegales y sus fuentes de financiación.