(OPINIÓN) El presidente que convoca a la calle para doblegar a los jueces. Por: Andrés Gaviria

Fue impulsada directamente por el presidente de la República.

El 14 de mayo, Gustavo Petro pidió a organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes salir a las calles para presionar al Congreso y lograr la aprobación de la ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria. Dicho de otra manera: el jefe del Ejecutivo promoviendo movilización social para incidir en las decisiones de otro poder del Estado. En cualquier manual básico de ciencia política, eso tiene un nombre claro: presión indebida sobre las instituciones.

Ahora bien, el tema de fondo es relevante. Colombia lleva años discutiendo la necesidad de una justicia especializada en conflictos de tierras. Es un debate legítimo, complejo, con argumentos sólidos en distintos sentidos. Sin embargo, lo ocurrido en las últimas semanas se aleja de esa discusión técnica y se acerca más a una estrategia de presión institucional presentada como pedagogía social.

El Gobierno buscaba que el proyecto incluyera una disposición que concentra en la Agencia Nacional de Tierras, una entidad del Ejecutivo, decisiones sobre baldíos, reversiones de propiedad y revocatorias de títulos. Históricamente, estos asuntos han requerido control judicial. Por eso, tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado advirtieron que esa fórmula podría afectar derechos adquiridos y que exige plena tutela judicial. En términos simples, los jueces recordaron que ciertos actos del Estado deben ser revisados por jueces independientes y no quedar al arbitrio de una agencia gubernamental.

La reacción presidencial no fue menor. Petro afirmó públicamente que la Corte Suprema había fallado en contra de la reforma agraria. No era cierto. El propio diario El Tiempo publicó una verificación aclarando que no hubo fallo alguno, sino un concepto dentro del trámite legislativo, como lo permite la Constitución. La diferencia es evidente: no es lo mismo advertir riesgos que bloquear una reforma. Sin embargo, el poder también se construye a partir de la narrativa.

El problema no es solo la tergiversación. El problema es lo que viene después. El llamado a la movilización no fue contra una injusticia social ni frente a un enemigo externo, sino contra el poder judicial. Contra los jueces. Contra el principio de separación de poderes, que en última instancia es la garantía de que nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley.

Además, no se trata de un hecho aislado. A lo largo de su gobierno, Petro ha recurrido de forma reiterada a la calle como mecanismo de presión sobre las instituciones. Ha ocurrido con la Corte Constitucional, con el Congreso y ahora con la justicia. En esa lógica, la movilización deja de ser un derecho ciudadano para convertirse en una herramienta de presión política. El pueblo, más que protagonista, se vuelve instrumento.

Conviene decirlo con claridad: un presidente que convoca marchas para influir en las decisiones de los jueces no está gobernando, está debilitando la arquitectura institucional. Y lo hace, además, en un momento de cierre, cuando quedan pocas semanas de gobierno y las decisiones buscan dejar efectos duraderos: una Jurisdicción Agraria con mayor poder administrativo, una Agencia de Tierras fortalecida y un equilibrio institucional tensionado.

Frente a esto, el Congreso y las Altas Cortes tienen una responsabilidad evidente. Deben decidir con independencia, sin permitir que la presión de la calle condicione su criterio. La movilización es legítima como expresión ciudadana, pero pierde esa legitimidad cuando es promovida desde el Ejecutivo para incidir en otros poderes.

El Estado de derecho no se sostiene si el Gobierno de turno utiliza su capacidad de convocatoria para intimidar o influir en quienes deben controlarlo. Eso no es participación democrática. Es otra cosa, mucho más delicada.

Colombia vota en once días. Quien llegue a la Presidencia necesitará un país con instituciones firmes, con pesos y contrapesos funcionales, con jueces que decidan sin presiones externas. Eso es lo que realmente está en juego detrás del ruido de las marchas, los discursos y las banderas.

Un presidente que convoca a la calle para doblegar a los jueces no está gobernando. Está comprometiendo el equilibrio que debería heredar. Y eso, en cualquier tradición democrática seria, se llama irresponsabilidad.