(OPINIÓN) Defendiendo el sufragio. Por: Federico Dávila

Se ha vuelto una moda, principalmente por los compatriotas en la izquierda política, odiar a los miembros de la Fuerza Pública. Por este odio voraz que detentan, han anulado cualquier virtud que la institución y sus miembros en su esencia. Tal vez por esto, y el control desmedido en la educación que este pensamiento tiene, es que se nos ha olvidado la ética profunda que goza la Fuerza Pública.

El altruismo y sacrificio propio son las principales virtudes que se pueden resaltar. El militar o policía dedica su cuerpo y mente a la defensa de la ciudadanía, la patria y el Estado colombiano. Aun con miedo, la valentía de estos ciudadanos para ponerse entre la población y aquellos que buscan dañarla demuestra su disposición a sobreponer el colectivo sobre su propio bienestar.

Cualquiera con el civismo necesario para poner en riesgo sus vidas protegiendo a otros, demuestra, de forma contundente, su capacidad moral para elegir de forma responsable a los líderes del país.

La lealtad a la patria es otra virtud que se puede resaltar. El amor ilimitado que siente el miembro de la Fuerza Pública por su hogar es aquel que le compele a poner su cuerpo en contra de la desolación de la guerra. Los marinos de Colombia cantan sobre el alumbrado de los dos luceros, “el de mi patria y el de mi hogar”. En términos prácticos, son lo mismo.

Cualquiera que conozca la dignidad entera de un soldado puede únicamente comprender que él lucha, no por odio, sino por su amor a lo que trae detrás. Su lealtad y amor a la patria son la base de su heroísmo. El heroísmo que le implica dar su vida por una sociedad que lo ha despreciado, que lo difama, que lo trata de sanguinario, con tal de salvar una vida, de proteger a una minoría y de defender lo correcto.

No se nos olvide que el compromiso primordial de la Fuerza Pública es ante la Constitución, no los políticos, partidos o presidentes. La lealtad y obediencia hacia el orden constitucional no pueden hacer más que crecer cuando un ciudadano-soldado tiene el derecho de votar a favor del futuro de su país.

¿Con qué moral, entonces, se le niega a la Fuerza Pública sus derechos? Aquellos que luchan por la libertad, el orden y el bienestar de los colombianos. ¿Con qué derecho se trata al militar como carne de cañón, un número, un ciudadano de segunda clase?

En nuestra democracia presente, para bien o para mal, se ha perdido aquel noble concepto de cursus honorum (“curso de honor”); la expectativa hacia la clase política de servir a la defensa del Estado antes de buscar controlarlo. En épocas romanas, era común e incentivado prestar un servicio militar antes de volverse político y de tomar las riendas de las leyes. Este curso de honor daría perspectiva al ciudadano de las complejidades del Estado, lo acercaría a la población y le daría experiencia de las potenciales consecuencias de sus actos. Este curso demostraría quién era capaz de sacrificarse por el colectivo, y que, como político, no actuara por gloria, deseo y lucro personal, sino a favor de la sociedad por la cual luchó.

A la Fuerza Pública se le obliga a actuar de determinada manera, pero se le alinea completamente de la opción de escoger los propósitos y la visión para la cual servir. Ahí no existe justicia.

Lo tenemos todo al revés. Aquel más potencialmente impactado por una decisión gubernamental es quien debe gozar mayor defensa en sus derechos. Si el gobierno decide emprender una guerra a su capricho, la Fuerza Pública debería tener la capacidad de votar, pues cada ciudadano puede estar a favor o en contra de un determinado curso de acción. Como van las cosas, los civiles votan por armar guerra, o caer oprimidos ante una paz apócrifa que no les impacta directamente a ellos.

Todo lo anterior se puede resumir en virtud cívica. La Fuerza Pública, más que nadie, entiende lo que implica el sacrificio personal a favor del cuerpo político, a favor de las instituciones que cuidan y protegen a la población general. El civil a duras penas conoce la dificultad de este sacrificio, y aun así se le defiende (correctamente) su derecho a votar. La Fuerza Pública en Colombia, efectivamente, es ciudadanía de segunda clase, con máximas responsabilidades y mínimos derechos.

La esperanza de acabar la discriminación injustificada en Colombia yace en nosotros, que la injusticia no pase simplemente por nuestros ojos. Espero que la oposición tenga la honestidad para el debate y mucho más, pero como nos recuerda el coronel DuBois, “Se puede llevar a un niño al conocimiento, pero no se le puede obligar a pensar”.