(OPINIÓN) La autonomía que necesitan los departamentos. Por: Santiago Valencia

Colombia es un país de regiones, pero con un Estado que actúa como si todo dependiera de la Casa de Nariño. La paradoja es evidente: mientras el Gobierno Nacional concentra cada vez más poder y recursos en Bogotá, los departamentos cargan con la responsabilidad de enfrentar la pobreza, la inseguridad y la falta de oportunidades con presupuestos insuficientes y competencias limitadas.

El referendo impulsado por el Gobernador de Antioquia no era un capricho, ni un pulso político con el centralismo. Era un grito por mayor presencia institucional, por darle voz real a las regiones que sostienen la economía, pero que siguen tratadas como simples ventanillas de un poder lejano. Esa iniciativa apuntaba a algo fundamental: que los departamentos tengan herramientas de decisión y de gestión que hoy solo están en manos del Gobierno Nacional.

El caso de Antioquia es un ejemplo claro de esta injusticia. Nuestro departamento aporta alrededor del 15 % del PIB nacional, con un valor cercano a 253 billones de pesos en 2024, frente a los 1.706 billones que produjo el país entero. Sin embargo, del Sistema General de Participaciones (SGP) recibe apenas 7,69 billones de pesos. Aunque sea la mayor asignación entre los departamentos, es una cifra ínfima frente al tamaño del aporte que Antioquia hace a la Nación.

Para empeorar las cosas, el presupuesto nacional destinado a Antioquia sufrió recientemente una reducción de 2,2 billones de pesos, lo que ha golpeado sectores fundamentales como transporte, educación, cultura y vivienda. Y, como si fuera poco, obras claves para la competitividad regional —como el Túnel del Toyo— han sido sometidas a bloqueos y retrasos que muchos interpretan como represalia política contra un departamento que se atreve a exigir autonomía.

A esto se suma un problema estructural que afecta no solo a Antioquia, sino a todos los departamentos: su debilidad presupuestal. En Colombia, los llamados impuestos “coloniales” —como los que gravan el tabaco y el alcohol— y las rentas cedidas —como el impuesto a los vehículos— son, en teoría, recursos territoriales que deberían fortalecer las economías regionales. Sin embargo, en la práctica, muchos departamentos dependen de estas fuentes limitadas que no reflejan el dinamismo de sus economías ni responden a las verdaderas necesidades de sus territorios. Así, mientras las regiones producen riqueza, carecen de instrumentos fiscales modernos para sostener sus propios procesos de desarrollo.

Y esto nos lleva a otra realidad preocupante: frente a lo que consagra la Constitución de 1991 —que definió a Colombia como una república unitaria pero descentralizada, con autonomía para sus entidades territoriales—, hemos sufrido un proceso de recentralización. Reformas como el Acto Legislativo de 2001 y la Ley 715 reconfiguraron el sistema fiscal, debilitando la autonomía regional al reemplazar mecanismos como el situado fiscal y condicionando cada vez más los recursos que llegan a departamentos y municipios. En vez de avanzar en la descentralización, como mandaba la Carta del 91, el país dio pasos hacia atrás, concentrando nuevamente las decisiones en Bogotá.

La mejor manera de atender a la Colombia profunda —esa que hoy sufre la ausencia de Estado en materia de vías, salud, educación o seguridad— no es desde un escritorio en la capital, donde muchas veces ni siquiera conocen las veredas sobre las que deciden. Es mediante la aplicación real de la descentralización que prometió nuestra Constitución. De otra forma, los recursos seguirán sin fluir adecuadamente hacia quienes más los necesitan.

La centralización ha sido la madre de muchos de nuestros problemas: trámites eternos, presupuestos amarrados, instituciones incapaces de llegar a las zonas rurales más apartadas. La autonomía, en cambio, es la oportunidad de que las regiones desplieguen sus capacidades y su potencial. Antioquia, Valle, Santander, la Costa Caribe, el Eje Cafetero, la Orinoquía: cada región tiene dinámicas distintas y no puede seguir atada a un mismo molde.

La democracia colombiana será más fuerte en la medida en que las regiones sean más libres para decidir su destino. Lo contrario —seguir esperando que todo se resuelva desde la capital— nos condena a la dependencia, al atraso y a la frustración.

La pregunta es simple: ¿queremos un país de regiones vivas, productivas y libres, o uno de departamentos arrodillados a la espera de la dádiva centralista?