La cifra real de muertos por los terremotos de junio en Venezuela podría superar con creces el balance oficial

La magnitud de los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio de 2026 continúa siendo motivo de preocupación, ante las diferencias entre el balance oficial de víctimas y las estimaciones elaboradas por organismos internacionales. Mientras el Gobierno mantiene el registro de 6.509 fallecidos, un análisis publicado por The New York Times el 21 de octubre expuso cálculos que sitúan el número potencial de muertos muy por encima de esa cifra.

El último boletín semanal divulgado por las autoridades venezolanas, fechado el 24 de agosto, reportó 6.509 fallecidos. Para ese momento, los datos recogidos por Naciones Unidas y difundidos por medios locales también daban cuenta de 16.740 personas heridas y cerca de 18.000 que habían perdido sus hogares. Desde entonces, según las fuentes citadas, el balance oficial no ha sido actualizado.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calculó una mediana aproximada de 53.000 fallecidos mediante un modelo estadístico. Esa cifra no corresponde a un conteo verificado de víctimas, sino a una estimación probabilística: el modelo contempla una posibilidad del 50 % de que el número real sea superior y otra del 50 % de que sea inferior. También establece una probabilidad cercana al 81 % de que las muertes superen las 10.000.

Para elaborar la proyección, el organismo combina información sobre la intensidad del movimiento sísmico, antecedentes de terremotos comparables y distribución de la población. Entre las herramientas utilizadas se encuentra la base de datos LandScan, desarrollada por el Laboratorio Nacional de Oak Ridge.

El sismólogo David Wald, vinculado al USGS, explicó que este tipo de cálculos suele ofrecer resultados más sólidos cuando se trata de desastres con numerosas víctimas. Sin embargo, las estimaciones deben diferenciarse de los registros oficiales, que requieren procesos de identificación y verificación.

La investigación periodística también examinó la destrucción de viviendas en el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas. A partir de planos y observaciones, el diario identificó 16 torres de vivienda pública que colapsaron. Cada edificio tenía 12 pisos y ocho apartamentos por nivel.

Con base en promedios de ocupación de entre 3,4 y cuatro personas por apartamento, el análisis calculó que en esas estructuras residían aproximadamente 5.200 personas. No obstante, el propio medio advirtió que no todos los habitantes necesariamente estaban en sus viviendas cuando ocurrió el desastre y que el cálculo depende de supuestos poblacionales.

Las cifras sobre daños estructurales también presentan diferencias. El Gobierno informó de 190 edificios colapsados, mientras Francisco Garcés, encargado de la comisión de revisión de daños, mencionó 656 edificios y 370 viviendas colapsados o parcialmente afectados. Por su parte, el programa Copernicus de la Unión Europea registró cerca de 700 estructuras destruidas. Estas cantidades corresponden a evaluaciones diferentes y no deben sumarse.

A la incertidumbre se añade la ausencia de un balance oficial preciso sobre las personas desaparecidas. Dos listados elaborados por ciudadanos reúnen más de 29.000 y 40.000 nombres, respectivamente. Sus responsables reconocen que pueden existir registros duplicados o correspondientes a personas localizadas, por lo que esas listas no representan una cifra confirmada de fallecidos.

En materia de recuperación, un boletín oficial citado por medios regionales reportó 60.785 inspecciones de viviendas. De ellas, 35.545 fueron declaradas habitables, 14.239 quedaron sujetas a restricciones de uso y 11.001 fueron clasificadas como de alto riesgo.

El Gobierno informó, además, de la entrega de 335 viviendas nuevas y de su intención de adjudicar otras 4.000 antes de finalizar el año. La recolección de escombros supera las 600.000 toneladas, equivalentes al 28,6 % del volumen estimado.

Una evaluación de daños publicada en septiembre calculó pérdidas de hasta 14.831 millones de dólares y necesidades de recuperación que podrían alcanzar los 21.000 millones.

Óscar Murillo, representante de la organización Provea, señaló que establecer un registro preciso de las víctimas resulta fundamental para garantizar la reparación a los afectados y determinar eventuales responsabilidades por muertes evitables.

Expertos han manifestado que mientras no se publique un balance actualizado y verificable, la dimensión humana de la tragedia seguirá marcada por la diferencia entre las cifras oficiales y las proyecciones estadísticas.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Cuál es la discrepancia entre las cifras oficiales y las estimaciones internacionales?

Mientras el Gobierno de Venezuela mantiene un registro de 6.509 fallecidos sin actualizar desde agosto, el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS) estima que la cifra real podría rondar los 53.000 muertos.

¿En qué se basan los cálculos de las víctimas no reconocidas?

Se basan en modelos estadísticos del USGS que analizan la intensidad sísmica y la densidad poblacional, además de un análisis de The New York Times sobre el colapso de 16 torres residenciales en La Guaira donde vivían unas 5.200 personas.

¿Cuál es el estado actual de la infraestructura y los desaparecidos?

Se reportan más de 11.000 viviendas en alto riesgo y listas ciudadanas de desaparecidos que superan los 29.000 nombres, aunque el Gobierno solo reconoce 190 edificios colapsados.