The Economist advirtió que Colombia enfrenta crisis fiscal y de seguridad: “A las puertas del infierno”

El diario británico The Economist publicó un análisis sobre la situación de Colombia en la antesala de las elecciones presidenciales de 2026.

Bajo el título “¿Está Colombia a las puertas del infierno?”, el medio reseñó la fuerte polarización política, el deterioro en seguridad y las tensiones fiscales que tendrá que enfrentar el próximo gobierno.

El artículo recoge visiones opuestas entre los principales aspirantes presidenciales. Vicky Dávila, candidata de derecha, afirmó que el país está “a las puertas del infierno”, mientras Gustavo Bolívar, aliado del presidente Gustavo Petro y también en campaña, sostuvo que los últimos meses han sido positivos para la economía. Según el medio, estos contrastes reflejan la fragmentación del panorama político y la incapacidad de los sectores enfrentados para coincidir en un diagnóstico común.

En materia económica, el medio señaló avances recientes como una proyección de crecimiento del 2,4% para 2026, el desempleo en 8,8%, la tasa más baja para julio en 25 años, un repunte del 54% en la Bolsa de Valores y la llegada de siete millones de turistas en 2024.

Sin embargo, el análisis indicó que persisten dificultades estructurales: cerca del 60% de la fuerza laboral permanece en la informalidad, la inversión privada se mantiene baja y la prohibición de nuevas exploraciones de petróleo y gas redujo la confianza de capitales extranjeros.

El gasto público ocupa un lugar central en las advertencias. El déficit fiscal alcanzará el 7% del PIB este año y la deuda pública ya supera el 60%. El Gobierno suspendió la regla fiscal por tres años, decisión que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal consideró injustificada. Para el medio inglés, “un desastre fiscal aguarda al próximo presidente”, lo que obligaría a la próxima administración, de izquierda o de derecha, a considerar aumentos de impuestos o recortes de gasto.

En seguridad, los hechos violentos recientes respaldan las preocupaciones de los sectores opositores. El asesinato del candidato Miguel Uribe, un camión bomba en Cali, el derribo de un helicóptero policial y el aumento de secuestros y extorsiones reflejan el deterioro. La ONU estima que 230.000 personas fueron desplazadas en los últimos años y se calcula que más de la mitad de los municipios tienen presencia de algún grupo armado. La política de “Paz Total” permitió ceses al fuego que, según el informe, fueron aprovechados por las estructuras ilegales para fortalecerse.

El medio también reseñó tensiones institucionales. Los choques con el Congreso, la Corte Suprema y el Banco de la República han generado un ambiente de incertidumbre. Entre los episodios más recordados está el asedio al tribunal supremo tras un llamado del presidente Petro, en medio de la discusión por la elección del fiscal general.

Finalmente, The Economist destacó que, pese a la crisis, las instituciones colombianas mantienen cierta resiliencia. La Constitución que prohíbe la reelección limita la permanencia de Petro, mientras la migración de un millón de ciudadanos en los últimos tres años evidencia el descontento social. Según el medio, el próximo Presidente tendrá que recuperar la confianza y atender con urgencia los retos fiscales y de seguridad que hoy marcan la coyuntura del país.