EE. UU. modificó la clasificación del cannabis medicinal y cambió su marco regulatorio federal

La medida fue formalizada mediante una orden firmada por el fiscal general interino, Todd Blanche, en el marco de una directriz impulsada por el presidente Donald Trump.

La disposición establece que la marihuana medicinal con licencia estatal deja de estar incluida en la Lista I, categoría reservada para sustancias sin uso médico reconocido y con alto potencial de abuso y pasa a la Lista III, en la que se ubican compuestos con menor nivel de restricción. Este cambio no implica la legalización del cannabis para uso médico o recreativo a nivel federal, pero sí modifica las condiciones bajo las cuales es regulado.

El ajuste normativo introduce variaciones en aspectos fiscales y operativos para los actores del sector. Entre ellos, se contempla la posibilidad de que los operadores con licencias estatales accedan a deducciones fiscales que anteriormente no estaban permitidas bajo el régimen federal. Asimismo, se reducen algunas de las limitaciones existentes para el desarrollo de investigaciones científicas relacionadas con el cannabis.

De acuerdo con lo informado por el Departamento de Justicia, la medida busca facilitar el estudio de la seguridad y eficacia de esta sustancia, así como ampliar el acceso a alternativas de tratamiento médico. En esa línea, se habilita un proceso expedito para que productores y distribuidores con autorización estatal puedan registrarse ante la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), entidad encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa.

La decisión también establece que los investigadores podrán acceder a cannabis autorizado por programas estatales sin enfrentar sanciones, siempre que su uso esté vinculado a fines científicos. De igual forma, cualquier medicamento derivado de esta sustancia que cuente con aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) será clasificado dentro de la misma categoría.

El cambio regulatorio ocurre en un contexto en el que la mayoría de los estados del país han adoptado esquemas propios para el uso de cannabis en distintas modalidades. Actualmente, 40 estados cuentan con programas de marihuana medicinal, mientras que más de dos decenas han autorizado su uso recreativo para adultos. Otros territorios permiten el uso limitado de productos con bajo contenido de THC o derivados como el CBD, mientras que solo dos estados mantienen una prohibición total.

El nuevo marco federal reconoce, en términos operativos, estos sistemas estatales, al establecer mecanismos que articulan las licencias locales con los requisitos nacionales. Sin embargo, la clasificación en la Lista III no se extiende a productos que circulen fuera de dichos programas, los cuales continuarán bajo las disposiciones más restrictivas de la Lista I.

La orden firmada por Blanche se fundamenta en una facultad contemplada en la legislación estadounidense que permite al fiscal general determinar la clasificación de sustancias reguladas en el marco de tratados internacionales. Esta vía permitió avanzar en la modificación sin completar el proceso de revisión administrativa que se encontraba en curso desde la administración anterior.

En paralelo, el Gobierno anunció la apertura de un nuevo proceso de audiencias administrativas a partir de junio, en el que se evaluará una posible reclasificación más amplia del cannabis. Este procedimiento incluirá la participación de distintos sectores y se suma a los cerca de 43.000 comentarios públicos que fueron presentados durante la etapa previa de revisión.

La medida también ha generado reacciones dentro del ámbito político. Algunos sectores han expresado reservas frente a una flexibilización de las restricciones, en particular en relación con la potencia de los productos disponibles en el mercado y los posibles efectos asociados a su consumo.

Mientras tanto, la política antidrogas del Gobierno mantiene otras líneas de acción, especialmente en relación con sustancias como el fentanilo. En ese frente, la administración ha adoptado medidas adicionales, incluyendo disposiciones de seguridad y operativos dirigidos a combatir el tráfico internacional de drogas.

El nuevo esquema regulatorio del cannabis medicinal redefine las condiciones bajo las cuales se desarrollan las actividades de producción, distribución e investigación en Estados Unidos, al tiempo que mantiene la estructura federal de control sobre las sustancias clasificadas.

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