La presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), María Elena Ospina, expresó hace poco su preocupación por la posibilidad de que el Gobierno impulse un aumento extraordinario del salario mínimo en Colombia, en medio de las diferencias entre el Ejecutivo y el Banco de la República sobre la política económica.

En entrevista con Caracol Radio, Ospina advirtió que las medianas y pequeñas empresas atravesaban una situación financiera compleja debido a las altas tasas de interés y a la inflación.

Al respecto, señaló que un incremento adicional del salario mínimo podría generar una doble presión sobre los costos de las empresas, afectando su sostenibilidad.

La dirigente explicó que el sector de las mipymes representa cerca del 99,5% del tejido empresarial del país y concentraba la mayor parte del empleo formal, por ello, sostuvo que cualquier aumento extraordinario en los costos laborales tendría un impacto directo en la capacidad de contratación y operación de estas compañías.

Ospina también se refirió a los datos recientes del empleo, indicando que, aunque las cifras generales de desempleo se han mantenido estables, en algunos sectores como el comercio, el turismo y el agro se habrían perdido cerca de 500.000 puestos de trabajo o no se habrían renovado contratos, lo que podría derivar en ajustes internos dentro de las empresas. En ese sentido, advirtió que la situación podría derivar en ajustes internos dentro de las empresas.

Asimismo, alertó sobre prácticas que ya se estarían presentando en algunas organizaciones, como la división de jornadas laborales o el trabajo por horas, como mecanismo para enfrentar el incremento de costos. Según dijo, este tipo de medidas podría aumentar el riesgo de informalidad laboral, un problema que calificó como estructural en el país.

La presidente de Acopi también cuestionó la posibilidad de un aumento salarial por fuera del mecanismo ordinario de concertación anual, al señalar que la Constitución establece un proceso específico para fijar el salario mínimo. A su juicio, modificarlo en otro momento del año podría generar incertidumbre jurídica, mayor litigiosidad y señales negativas para el sector productivo.

En respuesta a estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro defendió su postura y afirmó que la Constitución ordena un salario “vital y móvil”, por lo que su gobierno estaría actuando dentro del marco constitucional. Además, planteó que la política salarial debe entenderse como parte de un enfoque más amplio de desarrollo económico.

El mandatario expresó que a las pequeñas y medianas empresas les conviene un escenario con tasas de interés más bajas, menor costo de la energía y un aumento en la demanda interna, impulsado por el mayor ingreso de la población. En ese sentido, invitó al sector empresarial a participar en un “pacto social” orientado a ampliar la producción, el empleo y la equidad.

Cabe mencionar que el aumento del salario mínimo fue del 23%, un alza inesperada, y que hace poco el Consejo de Estado suspendió el decreto por medio del cual se estableció el valor del mínimo.

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