¿Cuál es la preocupación en la industria del plástico?

En un giro hacia la sostenibilidad ambiental, el gobierno promulgó la Ley 2277 el 13 de diciembre de 2022, instaurando un impuesto nacional sobre los productos plásticos de un solo uso. Esta medida, contenida en los artículos 50-53 de la mencionada ley, busca incentivar el uso de alternativas sostenibles al imponer una carga tributaria a estos productos utilizados para envasar, embalar o empacar bienes.

A poco menos de dos semanas para la fecha límite de declaración y pago del impuesto, fijada por el Decreto 2229 de 2023 para el próximo 23 de febrero, la confusión y la incertidumbre predominan entre las empresas afectadas.

La falta de reglamentación específica, especialmente en lo que respecta a la certificación de economía circular y el tratamiento de las exportaciones, ha generado inquietud en el sector.

Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, expresó su preocupación por la ausencia de claridad regulatoria. “Seguimos sin tener la reglamentación de la certificación de economía circular que debió expedirse a mediados del año pasado. Además, es crucial aclarar que las exportaciones deben estar exentas del impuesto para mantener la competitividad de nuestra industria”, señaló Mitchell.

Las exportaciones de empaques y envases plásticos colombianos, que superaron los 393,7 millones de dólares en 2022 y alcanzaron los 312 millones de dólares entre enero y octubre de 2023, enfrentan un futuro incierto.

Principales mercados como Estados Unidos, Ecuador y México podrían ver afectadas las importaciones colombianas debido al sobrecosto que implica el nuevo impuesto, cuya tarifa representa cerca del 20% del precio final del producto.

Este impuesto no solo ha impactado el bolsillo de los consumidores colombianos, sino que también ha puesto en jaque la competitividad internacional de las empresas locales. El gremio advierte sobre un posible aumento de la informalidad en el sector debido a las presiones financieras adicionales que enfrentan las empresas.

Una de las mayores ironías de esta situación es el retraso en la reglamentación de la Certificación de la Economía Circular (CEC) por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Esta certificación, que permite eximir del impuesto a los productos que cumplan con ciertos criterios de sostenibilidad, sigue sin ser una realidad, lo que añade más incertidumbre a un panorama ya complejo. Según la ley, la reglamentación debería haber sido publicada a más tardar el 14 de junio de 2023, dejando a las empresas en un limbo regulatorio.

La industria plástica colombiana, que ha hecho significativos avances en reciclaje y sostenibilidad, ve con preocupación cómo el retraso en la implementación de medidas que reconocen estos esfuerzos mina su capacidad para adaptarse a las nuevas exigencias. “Colombia ha logrado grandes avances en el reciclaje de plásticos. Contamos con más productos fabricados con materiales recuperados cada año, pero la falta de claridad respecto a la certificación de economía circular es desconcertante”, agregó Mitchell.

Finalmente, Acoplásticos, es una entidad gremial que desde 1961 reúne a las empresas de las cadenas productivas químicas y relacionadas con la industria del plástico, caucho, pinturas, tintas, recubrimientos, fibras, impresión 3D y petroquímica, continúa abogando por una mayor claridad y apoyo en la transición hacia prácticas más sostenibles.