SIC abrió investigación por presuntas prácticas restrictivas de la competencia relacionadas con Metroparques en Medellín

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó la apertura de una investigación y formuló pliego de cargos dentro del radicado 22-334002, mediante la Resolución número 16713 de 2026, en la que se indagan presuntas prácticas restrictivas de la competencia relacionadas con contratos vinculados a Metroparques E.I.C.E. en Medellín.

De acuerdo con el documento oficial, la decisión fue adoptada por el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, particularmente las previstas en el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 155 del Decreto 19 de 2012, así como en los artículos 1 y 9 del Decreto 4886 de 2011, modificados por los artículos 1 y 4 del Decreto 92 de 2022.

En la resolución se recuerda que el artículo 333 de la Constitución Política establece que “la libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades” y que el Estado debe impedir que se obstruya o se restrinja la libertad económica, además de evitar o controlar “cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional”.

El documento también señala que corresponde a la SIC, en su calidad de Autoridad Nacional de Protección de la Competencia, “velar por la observancia de las disposiciones en esta materia en los mercados nacionales”, así como conocer de manera privativa las reclamaciones o quejas por hechos que afecten la competencia en el país. Estas actuaciones, según la resolución, buscan garantizar la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica.

Asimismo, la Delegatura para la Protección de la Competencia tiene la facultad de “tramitar de oficio o por solicitud de un tercero, averiguaciones preliminares e instruir las investigaciones tendientes a establecer infracciones a las disposiciones sobre protección de la competencia”.

La actuación administrativa se originó a partir de una comunicación radicada el 23 de agosto de 2021 por Lucidia Amaya Osorio, veedora ciudadana de la Veeduría Todos por Medellín, quien puso en conocimiento de la Delegatura la posible existencia de una práctica restrictiva de la competencia.

Según el documento, las presuntas conductas involucrarían a Jorge Hernán Usme Salazar, representante legal de la Fundación Tenarco; Jesús Octavio Guerra Jaramillo, representante legal de la Fundación Cartama; Mauricio Alexander Marín González, representante legal de GV Creativos S.A.S.; y Francisco Alexander Higuita Úsuga, representante legal de Fundeventos.

También se menciona a Mary Bell Jaramillo Tejada, representante de Soluciones Empresariales P.V., así como a funcionarios vinculados a la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín y a directivos de Metroparques E.I.C.E., entre ellos el gerente de la entidad para el año 2020, el gerente de la empresa y el jefe de la Unidad Estratégica de Negocios de logística y eventos.

Con base en esta decisión, desde la Veeduría Todos por Medellín señalaron que el proceso marca un precedente en materia de contratación pública en la ciudad. Según expresó la organización: “Precedente en contratación pública en Medellín. La Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación y formuló pliego de cargos por posibles prácticas anticompetitivas en contratos relacionados con el mantenimiento del Parque de las Aguas; denuncia que fue presentada por Todos por Medellín”.

La veeduría también indicó que el caso tiene un elemento relevante dentro del ámbito de la contratación estatal. “Este proceso tiene un elemento especialmente relevante: es la primera vez que la autoridad nacional de competencia investiga a una Empresa Industrial y Comercial del Estado por posibles prácticas anticompetitivas en un esquema de contratación pública”, señaló la organización.

Cabe recordar que, desde hace varios años, IFMNOTICIAS había advertido sobre la forma en que operaban algunas de estas fundaciones en Medellín, en una serie de investigaciones periodísticas publicadas bajo el nombre de “Papeles de Quintero”. En esos reportajes se documentaron presuntas irregularidades en la contratación y el uso de fundaciones en diferentes procesos relacionados con entidades públicas de la ciudad.

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