Nuevo escándalo. Contraloría de Medellín abrió proceso de responsabilidad fiscal por presunto detrimento de $105.000 millones en EPM durante la administración de Daniel Quintero

Organismo de control inicia investigación por presuntas irregularidades en EPM. Un nuevo proceso de control fiscal vuelve a poner bajo la lupa la gestión de Empresas Públicas de Medellín (EPM) durante la administración del exalcalde Daniel Quintero. La Contraloría Distrital de Medellín anunció la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal tras identificar un presunto detrimento patrimonial estimado en 105.000 millones de pesos.

La decisión fue dada a conocer por la contralora distrital, Paula Ortega, quien explicó que la actuación fiscal se origina en un contrato celebrado por la empresa de servicios públicos durante el anterior gobierno municipal y que, según los hallazgos preliminares del ente de control, habría presentado sobrecostos.

Con esta actuación, la Contraloría inicia formalmente una investigación encaminada a establecer si existió un daño al patrimonio público y quiénes serían los responsables de las decisiones administrativas relacionadas con ese proceso contractual.

La investigación buscará establecer responsabilidades individuales

El proceso no solo pretende determinar la existencia del presunto detrimento económico, sino también identificar a los funcionarios y directivos que intervinieron en la adopción de las decisiones objeto de revisión.

De acuerdo con la Contraloría, el propósito de la responsabilidad fiscal es establecer si hubo actuaciones que ocasionaron un perjuicio a los recursos públicos y, de ser así, exigir el resarcimiento del daño a quienes resulten responsables.

En ese contexto, la investigación podría involucrar a quienes ejercían funciones directivas dentro de EPM durante el periodo en que fue celebrado el contrato analizado.

Entre las personas que podrían ser llamadas dentro del proceso figuran el entonces gerente general de Empresas Públicas de Medellín, Andrés Carrillo, así como integrantes de la alta dirección de la compañía y miembros de la junta directiva que participaron en las decisiones relacionadas con el contrato objeto de estudio.

El proceso también mantiene la atención sobre la administración del entonces alcalde Daniel Quintero, bajo cuyo gobierno se ejecutó la contratación ahora investigada por el organismo de control fiscal.

La Contraloría dispone de hasta dos años para concluir el proceso

La entidad de control informó que el procedimiento de responsabilidad fiscal tendrá las etapas previstas en la legislación colombiana, garantizando el derecho de defensa y el debido proceso para las personas eventualmente vinculadas.

Dentro de ese trámite se recopilarán pruebas documentales, técnicas y testimoniales que permitan establecer la existencia del presunto daño patrimonial, cuantificarlo y definir si hubo responsabilidad fiscal por parte de servidores públicos o particulares que administraban recursos del Estado.

La Contraloría señaló que cuenta con un plazo de hasta dos años para desarrollar la investigación y emitir una decisión definitiva sobre el caso.

Durante ese periodo se analizarán los antecedentes de la contratación, los estudios que dieron origen al negocio jurídico, la ejecución del contrato y las decisiones adoptadas por quienes tenían responsabilidades administrativas al interior de EPM.

Nuevo proceso se suma a otras investigaciones sobre la administración anterior

La apertura de este proceso representa un nuevo episodio dentro de las investigaciones que distintos organismos de control adelantan sobre actuaciones realizadas durante la administración de Daniel Quintero.

La actuación anunciada por la Contraloría Distrital corresponde exclusivamente al ámbito de la responsabilidad fiscal y busca establecer si existió un detrimento para el patrimonio público derivado del contrato investigado.

En caso de confirmarse la existencia del daño fiscal y de determinarse responsabilidades, los implicados podrían ser obligados a resarcir los recursos públicos comprometidos.

Por ahora, el proceso se encuentra en su etapa inicial y será la Contraloría de Medellín la encargada de recaudar las pruebas necesarias antes de adoptar una decisión de fondo sobre este nuevo caso relacionado con la gestión de Empresas Públicas de Medellín durante la administración anterior.