Defensoría del Pueblo pidió respetar resultados electorales y restablecer proceso de empalme

La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció sobre la situación política que atraviesa el país en medio de la transición entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la administración entrante del presidente electo, Abelardo De la Espriella.  En un comunicado difundido por un video, la funcionaria reiteró la necesidad de respetar los resultados oficiales de las elecciones presidenciales y de garantizar que el proceso de empalme se desarrolle conforme a los principios constitucionales e institucionales.

El pronunciamiento se produjo luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro y del senador Iván Cepeda, quienes cuestionaron públicamente el resultado de las elecciones presidenciales e hicieron llamados a la desobediencia civil frente al nuevo gobierno. Desde la Defensoría también se refirieron a la suspensión del proceso de empalme por parte del equipo del presidente electo, una situación que consideraron motivo de preocupación para la estabilidad institucional.

Marín recordó que, durante el proceso electoral, la Defensoría del Pueblo promovió una iniciativa para que las elecciones se desarrollaran de manera libre y pacífica. 

Aseguró que, antes de la segunda vuelta presidencial, la entidad había invitado a todas las fuerzas políticas y al Gobierno nacional a comprometerse con el reconocimiento de los resultados oficiales y a canalizar cualquier inconformidad mediante los mecanismos previstos en la Constitución y la ley.

La funcionaria sostuvo que ese llamado seguía vigente, al considerar que el desconocimiento público de los resultados oficiales y la interrupción del proceso de empalme generaban una tensión institucional que debía superarse para garantizar una transición orientada al interés general.

“Los momentos de mayor tensión institucional son también una oportunidad para fortalecer la democracia. Colombia merece una transición que una al país alrededor de la garantía de los derechos humanos y del interés general”, sostuvo Marín. 

En la declaración también se reconoció que cualquier persona, así como el propio Gobierno, tenía derecho a acudir a los mecanismos judiciales e institucionales cuando estimara que existían controversias sobre el proceso electoral. Sin embargo, enfatizó que las autoridades electorales competentes proclamaron oficialmente a Abelardo De la Espriella como presidente electo, por lo que correspondía a todos los actores políticos respetar esa decisión y preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.

La entidad señaló que la estabilidad institucional constituía una garantía para la protección de los derechos de toda la población y, en consecuencia, reiteró que el Gobierno saliente y los sectores políticos que lo respaldaban debían respetar los resultados electorales y ejercer, si así lo consideraban, los mecanismos constitucionales que les permitieran asumir el papel de oposición política frente al nuevo gobierno.

Asimismo, se hizo un llamado tanto al Gobierno saliente como al entrante, así como a los distintos líderes políticos, para restablecer las condiciones necesarias que permitieran continuar el proceso de empalme de manera respetuosa y con prioridad en el interés general.

Marín afirmó que la transición entre gobiernos no debía entenderse como una decisión política, sino como un deber constitucional y legal destinado a garantizar la continuidad del funcionamiento del Estado y de los servicios que reciben millones de colombianos. 

Finalmente, la Defensoría del Pueblo señaló que el país enfrentaba desafíos relacionados con la violencia en los territorios, la pobreza, el acceso a la salud y la educación, las violencias basadas en género, la protección de la naturaleza y las oportunidades para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por ello, insistió en que las diferencias entre los dirigentes no debían desplazar del centro de la agenda pública la garantía de los derechos humanos y el bienestar de la ciudadanía.

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