La mala hora de Daniel Quintero y sus aliados

Daniel Quintero Calle y sus aliados atraviesan una mala hora, tal vez producto de sus propias acciones durante los cuatro años de administración al frente de la segunda ciudad principal de Colombia: Medellín.

Muchos les advirtieron que corrigieran la forma de gobernar la ciudad, que la justicia llegaba, «tarde, pero llegaba» y al parecer al cuestionado exalcalde y sus secuaces les llegó la hora después de tanta aparente inactividad de los entes de control, tan cuestionados por concejales y ciudadanía ante tanta presunta «pasividad».

La mala hora de los quinteristas actualmente se da por diferentes imputaciones a siete exfuncionarios, por presuntas responsabilidades fiscales en los fondos fijos de la Alcaldía, por la inhabilidad de una de sus exfuncionarias, por la moción de censura que cursa en el Concejo de Medellín contra el secretario privado, por la pérdida del apoyo que Quintero tenía en Gustavo Petro. Esto y mucho más, estalló en que el exalcalde presuntamente anunciara medidas ante la CIDH.

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Para diferentes analistas, el panorama político, electoral y judicial de Daniel Quintero Calle y sus seguidores, pertenecientes a Independientes, no es bueno y se agravó en los últimos meses. Especialmente, la crisis se agudizó desde que Quintero renunció a su cargo el último día de septiembre para hacerle política a sus candidatos, quienes finalmente perdieron en las elecciones por una diferencia aplastante.

Esa renuncia de Quintero a la Alcaldía de Medellín, le valió infinidad de críticas de opositores y ciudadanos que consideraron que dejó «tirada a la ciudad» y que eso no se hacía. De hecho, su renuncia fue histórica pues nunca antes un mandatario local había renunciado.

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Líos jurídicos que agudizan la mala hora de los quinteristas

En detalle, la mala hora de los quinteristas corre por cuenta del reciente informe de la Contraloría Distrital de Medellín que entregó al despacho del alcalde encargado Oscar Hurtado Pérez, en el que detalla el posible detrimento patrimonial de 117 millones de pesos en el manejo del fondo fijo reembolsable de la Alcaldía, mientras Quintero Calle fungía como alcalde de la ciudad. Entre los hallazgos, habría falta de autorización y certificación en algunos gastos que, además, tenían que haberse desembolsado del concepto de viáticos.

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Aparte, el pasado 9 de noviembre la Fiscalía General de la Nación, en cabeza del fiscal Francisco Barbosa, radicó solicitudes de audiencia de imputación contra siete exfuncionarios de Daniel Quintero y seis particulares que habrían participado en seis contratos de alimentación, infraestructura y asistencia logística suscritos en 2020. Sobra decir que para ese momento, Quintero iniciaba su primer año como alcalde.

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Como si fuera poco, a la mala hora de los quinteristas se sumó el anuncio de la Procuraduría General de la Nación sobre la apertura de dos investigaciones contra funcionarios y exservidores de la Secretaría de Comunicación de la Alcaldía de Medellín por un polémico contrato firmado con Telemedellín y la Universidad Nacional, mediante el cual se habría favorecido a las campañas de los candidatos de Daniel Quintero en elecciones.

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Alerta en el quinterismo por lo que podría pasarles

Pero ese mismo Ministerio Público informó que inhabilitó por un periodo de ocho años para ejercer cargos públicos a Alexandra Agudelo, exsecretaria de Educación del cuestionado exalcalde Daniel Quintero, en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en Buen Comienzo.

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Aparte de lo anterior, para el próximo lunes 20 de noviembre está programada la sesión donde el Concejo de Medellín votará la moción de censura que actualmente cursa en contra del secretario Privado de la Alcaldía, Juan David Duque, por no querer dar cuentas claras de lo que realmente sucedió con los Fondos Fijos de la Alcaldía de Medellín.

Tan mal la están pasando Quintero y los suyos, que el exmandatario ya se victimizó anunciando que solicitaría medidas de protección ante la CIDH porque presuntamente lo están persiguiendo a él y a sus aliados en lo que denominó como «una guerra jurídica».

«Pediremos a la CIDHA medidas de protección para los miembros de Independientes y exfuncionarios de mi Gobierno que hoy soportan el asedio y la persecución en medio de una guerra jurídica o lawfare. Amenazas, y procesos jurídicos en los que se les niega el derecho a la defensa y donde se aplica un doble racero: contratos iguales, con procedimientos iguales, entre administraciones anteriores y la nuestra, reciben para ellos absoluciones y para los nuestros procesos jurídicos y hasta sanciones. Fuerza equipo. La justicia demora pero llega. Dios y tiempo», reseñó Daniel Quintero en su cuenta de X.