La Fiscalía judicializó a presunto responsable del asesinato del concejal Juan Camilo Espinosa en Antioquia

La Fiscalía General de la Nación informó que judicializó a Elkides de Jesús Piedrahita Velásquez, alias Richard o Manaty, señalado como supuesto cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, por su presunta responsabilidad en el asesinato del concejal Juan Camilo Espinosa Vanegas, ocurrido el 16 de junio del año pasado en San Andrés de Cuerquia, Antioquia.

De acuerdo con el ente acusador, las labores investigativas permitieron establecer que el procesado habría ordenado la acción criminal y dispuesto la instrumentalización de un menor de edad para ejecutarla. Según la hipótesis de la Fiscalía, el adolescente recibió un arma de fuego y atacó al dirigente político cuando este se movilizaba en silla de ruedas por el municipio.

De igual forma, como se mencionó en el sitio web de la entidad, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, también agravado y utilización de menores en la comisión de delitos. El señalado no aceptó los cargos.

Por otra parte, se mencionó que un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Piedrahita Velásquez permanecía privado de la libertad por otro proceso al que había sido vinculado con anterioridad.

La Fiscalía precisó que esta es la segunda judicialización relacionada con el caso. En junio de 2025 ya había sido procesado el joven de 17 años señalado de disparar contra el concejal, quien recibió medida de internamiento preventivo en un centro especializado.

Cabe recordar que Juan Camilo Espinosa Vanegas, de 32 años, era concejal por el partido Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), además de ser reconocido por su liderazgo social en su municipio, y la región. 

De acuerdo a información publciada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Juan Camilo fue asesinado el 16 de junio en la vereda Agüita, en el corregimiento de Santa Cecilia, zona rural de San Andrés de Cuerquia.

Para aquella época se mencionó que el caso se dio en medio de unas condiciones de riesgo, de las que se había advertido por parte de la Defensoría del Pueblo para líderes sociales y defensores de derechos humanos en ese municipio y otras zonas del país, donde operan estructuras armadas ilegales.

En este sentido, Indepaz reportó que, con el homicidio de Espinosa Vanegas, se aumentaba a 76 el número de líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante el año anterior, 

Finalmente, se indició también que en la región hacían presencia grupos armados como el EGC y estructuras vinculadas al autodenominado Estado Mayor Central, entre ellas los frentes 18 y 36, además de bandas de carácter local, lo que, se aseguró, había configurado un escenario de alta conflictividad y control territorial.