Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme orden de captura contra Carlos Ramón González

El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la medida de aseguramiento en centro carcelario contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González.

Adicionalmente, el ahora prófugo de la justicia deberá responder por el delito de lavado de activos, cargo que el Tribunal decidió incluir y que la Fiscalía no había contemplado inicialmente en la imputación. En la decisión judicial se lee: «Revocar el ordinal primero del auto proferido el 3 de julio de 2025 por un magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en función de control de garantías, y, en su lugar, decretar medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por el delito de lavado de activos en contra de Carlos Ramón González Merchán».

El ente investigador considera que Carlos Ramón González, cercano al presidente Gustavo Petro y designado por él como director del Departamento Administrativo de la Presidencia y luego en la Dirección Nacional de Inteligencia, habría autorizado la entrega de recursos a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres: $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, y $1.000 millones al presidente de la Cámara, Andrés Calle. Según la Fiscalía, los dineros tendrían como objetivo asegurar el respaldo de estos congresistas a las reformas del Gobierno en el Legislativo.

Carlos Ramón González salió del país presuntamente con ayuda de funcionarios de la Cancillería rumbo a Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega le concedió asilo político y negó la solicitud de extradición formulada por Colombia.

Por este motivo, la Procuraduría adelanta una investigación disciplinaria contra funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia, con el fin de establecer posibles responsabilidades en la salida del exfuncionario del país.

Aunque la Fiscalía solicitó a Interpol la emisión de una circular roja para su localización y captura, hasta el momento la organización policial internacional no ha dado curso a dicha solicitud.

El proceso judicial continuará bajo la figura de reo ausente, en el que se considera uno de los casos de corrupción más delicados que involucran a personas de confianza del presidente Gustavo Petro.

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