Superindustria impone multas por $12.845 millones por cartel de contratación entre Metroparques y el Área Metropolitana

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso sanciones por un total de $12.845 millones a cinco personas jurídicas por infringir las normas de libre competencia económica en procesos de contratación relacionados con Metroparques y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. La decisión se conoció durante la actual administración distrital y reavivó el debate sobre el manejo de los recursos públicos en Medellín.

La determinación quedó consignada en la Resolución 0329 de 2026, mediante la cual la entidad declaró responsables a Metroparques E.I.C.E., el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y tres empresas privadas: Comercializadora JPino S.A.S., 1Soluciones S.A.S. y Constru Americana S.A.S. Las sanciones corresponden a conductas contrarias al régimen de protección de la libre competencia en la contratación pública. Fuente: Telemedellín.

Entre las multas de mayor cuantía se encuentran la impuesta al Área Metropolitana, por aproximadamente $9.196 millones, y la correspondiente a Metroparques, por cerca de $3.042 millones. También figura una sanción de alrededor de $62,1 millones para 1Soluciones S.A.S., además de las multas aplicadas a las demás empresas involucradas.

De acuerdo con la información divulgada sobre el expediente, la investigación examinó procedimientos de contratación en los que se habrían presentado actuaciones orientadas a favorecer a determinados proveedores. Entre los aspectos revisados estuvieron varias invitaciones privadas realizadas entre 2020 y 2022, así como las condiciones de participación y la verificación de los requisitos exigidos a los proponentes.

Los hallazgos reportados incluyen deficiencias en la comprobación de la experiencia acreditada y condiciones que no habrían garantizado una competencia efectiva entre los participantes. Estos elementos hicieron parte de las actuaciones administrativas que derivaron en las sanciones.

El caso está relacionado con procesos adelantados durante la administración del entonces alcalde Daniel Quintero. No obstante, las responsabilidades administrativas establecidas por la SIC deben diferenciarse de las eventuales responsabilidades penales que puedan determinar las autoridades judiciales.

Tras conocerse la decisión, el alcalde Federico Gutiérrez sostuvo que las sanciones respaldan las denuncias que ha formulado sobre presuntas irregularidades en la contratación pública de la ciudad.

El mandatario afirmó que, según su posición, existió una estructura destinada a orientar contratos y beneficiar a determinados contratistas. Asimismo, insistió en que las investigaciones deben continuar hasta esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

Gutiérrez también manifestó su intención de que los responsables asuman las consecuencias económicas derivadas de las sanciones y que se avance en la recuperación de los recursos públicos afectados. Sus declaraciones se suman a los llamados de la Administración Distrital para que los organismos competentes continúen con las actuaciones relacionadas con estos casos.

La decisión de la Superintendencia constituye una actuación administrativa concreta dentro de un proceso de vigilancia de la competencia económica. La identificación de las conductas sancionadas y el alcance de las responsabilidades deben analizarse a partir de la resolución y de las decisiones que se adopten en las instancias correspondientes.

En sus declaraciones, el alcalde también se refirió a la situación financiera de Afinia, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM) que presta el servicio de energía en sectores de la región Caribe.

Gutiérrez cuestionó la decisión de ingresar a ese mercado durante el gobierno anterior y aseguró que la operación representa pérdidas cercanas a $1,5 billones anuales para EPM. El mandatario pidió que la Fiscalía avance en las investigaciones relacionadas con las presuntas irregularidades que, según sus declaraciones, también deben examinarse en ese contexto.

Además, señaló que la situación de Afinia requiere una respuesta coordinada entre el Gobierno Nacional, los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda, y las entidades involucradas. Según explicó, se han buscado alternativas para atender las dificultades financieras y reducir el riesgo de afectaciones en el suministro eléctrico de la Costa Caribe.

El alcalde advirtió que la situación llegó a un punto de preocupación por el posible desabastecimiento y la continuidad del servicio en varias zonas. Por ello, insistió en la necesidad de adoptar medidas oportunas y de largo plazo.

Los dos asuntos planteados por el mandatario corresponden a frentes distintos: por un lado, las sanciones administrativas relacionadas con la contratación pública; por otro, los problemas financieros y operativos de Afinia. En ambos casos, las investigaciones, las decisiones institucionales y las medidas que adopten las autoridades serán determinantes para establecer responsabilidades y definir los pasos siguientes.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué sancionó la Superintendencia de Industria y Comercio a Metroparques y al Área Metropolitana?

La entidad impuso multas por $12.845 millones tras detectar un cartel de contratación y acuerdos anticompetitivos que favorecieron a proveedores específicos entre 2020 y 2022. La investigación halló deficiencias en la verificación de experiencia y condiciones que impidieron una competencia efectiva en invitaciones privadas.

¿Quiénes son los principales implicados y a cuánto ascienden las multas?

Los responsables son Metroparques, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y las empresas Comercializadora JPino, 1Soluciones y Constru Americana. Las sanciones más altas corresponden al Área Metropolitana con $9.196 millones y a Metroparques con $3.042 millones.

¿Qué relación tiene este caso con la administración de Daniel Quintero y qué dijo el actual alcalde?

Los hechos ocurrieron durante la gestión del exalcalde Quintero, y el actual mandatario, Federico Gutiérrez, afirmó que estas sanciones respaldan sus denuncias sobre una estructura dedicada a direccionar contratos. Gutiérrez pidió que los responsables asuman las consecuencias económicas y que la justicia avance en las responsabilidades penales.