Procuraduría llamó a juicio disciplinario al exgobernador de Santander Mauricio Aguilar

El ente de control disciplinario, dirigido por el procurador general Gregorio Eljach, dio a conocer este jueves 29 de octubre la formulación de cargos contra el exmandatario departamental. Según la Procuraduría, durante la sesión ordinaria de la Asamblea Corporativa de la CDMB realizada el 24 de febrero de 2023, Aguilar Hurtado habría permitido que avanzara y culminara la elección de los alcaldes de Piedecuesta, Rionegro, Charta y Matanza como integrantes del Consejo Directivo de la corporación.

El reproche central es que esa votación se habría adelantado sin resolver primero las recusaciones presentadas contra 13 de los 14 miembros de la Asamblea, incluida una formulada contra el propio Aguilar. Una recusación es la solicitud para que un funcionario se aparte de una decisión por un posible conflicto de intereses; mientras no se resuelva, quien está recusado no debería intervenir en el asunto.

De acuerdo con el ente de control, el entonces gobernador también habría omitido verificar y garantizar la conformación válida del quórum deliberatorio y decisorio que exigen los estatutos de la CDMB, y habría permitido que los integrantes recusados participaran tanto en las decisiones sobre las recusaciones como en la votación posterior.

La Procuraduría calificó provisionalmente la conducta como falta grave, cometida a título de dolo, es decir, con conocimiento y voluntad de actuar contrario al deber.

Los efectos de lo ocurrido en esa sesión ya fueron valorados por la justicia administrativa. El Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de la elección de los miembros del Consejo Directivo, y el Consejo de Estado confirmó esa decisión en segunda instancia.

Para la Procuraduría, las presuntas omisiones afectaron la legalidad de un proceso que, precisamente por esas fallas, terminó anulado por la jurisdicción contencioso-administrativa.

El pliego de cargos no es una sanción. En el proceso disciplinario colombiano, es la etapa en la que la Procuraduría considera que hay pruebas suficientes para acusar formalmente a un servidor o exservidor público y abre paso a la fase de juzgamiento. A partir de ahora, Aguilar Hurtado podrá presentar descargos, solicitar pruebas y ejercer su defensa antes de que se adopte un fallo, que podría ser absolutorio o sancionatorio. Hasta entonces, se presume su inocencia.

El caso tiene también una dimensión penal. El pasado 23 de octubre, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, a través de la fiscal Marlenne Orjuela Rodríguez, presentó escrito de acusación contra el exgobernador ante la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal por el presunto delito de prevaricato por acción, que consiste en emitir una decisión manifiestamente contraria a la ley.

La Fiscalía le había imputado ese cargo en octubre de 2025. En su momento, el ente acusador sostuvo que el entonces mandatario no habría atendido varias recusaciones presentadas en su contra y en contra de otros participantes, y que con ello permitió que cuatro alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga fueran escogidos para el Consejo Directivo. Aguilar Hurtado enfrenta ese proceso como acusado, sin que exista condena.

Los procesos disciplinario y penal son independientes: el primero, a cargo de la Procuraduría, evalúa el cumplimiento de los deberes funcionales y puede derivar en destitución, suspensión o inhabilidad; el segundo, en manos de la Corte Suprema por tratarse de un exgobernador, define si hubo delito.

Mauricio Aguilar Hurtado fue gobernador de Santander entre 2020 y 2023, y por su condición de mandatario departamental presidía la Asamblea Corporativa de la CDMB, la autoridad ambiental del área metropolitana de Bucaramanga.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a Mauricio Aguilar?

Se le acusa de presuntas omisiones al permitir la elección de alcaldes en el Consejo Directivo de la CDMB sin resolver primero las recusaciones contra los miembros de la Asamblea, incluido él mismo.

¿Qué irregularidades específicas se señalan en el proceso?

El exgobernador habría omitido verificar el quórum legal y permitió que integrantes recusados participaran en las votaciones, lo que llevó a que la justicia administrativa anulara dicha elección.

¿Qué otras consecuencias legales enfrenta el exgobernador por estos hechos?

Además del proceso disciplinario, la Fiscalía lo acusó penalmente ante la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de prevaricato por acción.