SIC sancionó a Movistar con multa de $4.679 millones por fallas en portabilidad numérica

La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Movistar con una multa de $4.679.844.144 por incumplimientos en el proceso de portabilidad numérica que, según la entidad, afectaron el derecho de los usuarios a cambiar libremente de operador. La decisión fue adoptada mediante la Resolución 26355 del 15 de abril de 2026.

De acuerdo con la autoridad, en su rol de protección a los usuarios de servicios de comunicaciones, se evidenció que el operador no cumplió con obligaciones clave dentro del proceso de portación. En particular, la investigación estableció que, actuando como proveedor donante, la compañía “no entregó de manera oportuna, o en algunos casos no entregó, los NIP de confirmación a usuarios que habían solicitado cambiar de operador”, lo que impactó directamente el desarrollo del trámite.

La actuación administrativa tuvo origen en denuncias presentadas por distintos operadores del sector, en las que se alertó sobre posibles irregularidades en el comportamiento de la empresa durante el proceso de portabilidad. Además de las fallas en la entrega del NIP, la entidad señaló que el operador “realizó actividades de recuperación durante el proceso de portación, mediante el envío de mensajes con ofertas comerciales incluso antes de remitirles el NIP”.

La Superintendencia recordó que el NIP es un elemento fundamental dentro del proceso de portabilidad numérica, ya que es el código que permite a los usuarios trasladar su línea telefónica de un operador a otro. Este número funciona como una llave para identificar al usuario y habilitar el trámite entre el operador receptor y el operador donante, por lo que su entrega debe realizarse dentro de tiempos específicos para garantizar la eficacia del proceso.

Según la decisión, las conductas identificadas constituyen incumplimientos de las obligaciones regulatorias que buscan asegurar el correcto funcionamiento del sistema de portabilidad numérica y la libre elección de los usuarios en el mercado de telecomunicaciones.

La entidad también precisó que, al inicio de la actuación administrativa, impartió una orden al operador con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y evitar la repetición de las conductas señaladas. Sin embargo, indicó que la compañía no allegó soportes que demostraran el cumplimiento de dicha medida.

En el acto administrativo se advierte que contra la sanción proceden los recursos de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones y de apelación ante la Superintendencia Delegada para la Protección del Consumidor.

Finalmente, la Superintendencia reiteró que continuará con las acciones de vigilancia en el sector. En ese sentido, ha señalado que seguirá fortaleciendo la protección de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, “velando porque no se cometan abusos contra los consumidores y garantizando su derecho a la portabilidad”.