Procuraduría sanciona a exsecretaria de infraestructura y exgerente de Metroparques por irregularidades en administración Quintero

La Procuraduría General de la Nación impuso destitución e inhabilidad por nueve años a Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura de Medellín, y a Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques, por su participación en la ampliación injustificada de un contrato millonario para el mantenimiento de zonas verdes en la ciudad.

El proceso disciplinario determinó que el contrato, firmado el 3 de noviembre de 2020 por un valor de $5.226 millones y con un plazo inicial de tres meses, fue prorrogado hasta el 10 de junio de 2021 sin una justificación válida. La defensa argumentó que la extensión se debía a medidas derivadas de la pandemia, pero el Ministerio Público concluyó que la decisión vulneró principios de economía y eficacia administrativa, favoreciendo intereses ajenos a los fines estatales. La actuación fue calificada como falta gravísima cometida con culpa gravísima.

Este caso forma parte de una investigación más amplia de la Fiscalía General de la Nación, iniciada en noviembre de 2023, sobre presuntas irregularidades en la contratación pública durante la administración de Daniel Quintero. En esa pesquisa se identificaron cerca de 20 personas, entre exfuncionarios y contratistas, vinculadas a procesos cuestionados en entidades como Metroparques, Inder, Buen Comienzo y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Uno de los hallazgos más relevantes fue que Metroparques, en el proceso de adjudicación del contrato de octubre de 2020, invitó únicamente a tres empresas de un mismo núcleo familiar, eligiendo a una de ellas como contratista. La Fiscalía imputó a Urrego, Liévano y la contratista Luz Eliana Henao Rodríguez por contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

Además, se investigan otros contratos, como uno firmado en septiembre de 2020 para apoyo logístico en eventos recreativos y deportivos, que pasó de tener dos meses de ejecución a múltiples prórrogas y adiciones presupuestales hasta alcanzar $24.205 millones y prolongarse hasta julio de 2022. Por este caso, la Fiscalía imputó cargos a Diana Paola Toro Zuleta, exdirectora del Inder; a Liévano y al representante legal de la empresa CYAN, Mauricio Jaramillo Botero.

Las investigaciones revelan un patrón de presuntas prácticas irregulares en la contratación estatal que comprometen la transparencia y gestión de recursos públicos en Medellín. Órganos de control y judiciales coinciden en que estos hechos subrayan la necesidad de reforzar la vigilancia y los mecanismos de control en la administración municipal.

Urrego es una de las más, entre los 40 funcionarios y contratistas que vienen siendo investigados por diferentes órganos de control y de justicia, por hechos de corrupción durante la administración de Daniel Quintero. El propio exalcalde Quintero, está los imputado por violar la ley durante su mandato.

Desde el 2020, el portal IFMNOTICIAS denunció múltiples hechos de corrupción que hoy se comprueban por parte de los órganos de control y judiciales.