Procuraduría asume el caso del consulado de Colombia en Tijuana, una sede que habría costado cerca de $500 millones sin operar

La Procuraduría General de la Nación ha tomado la determinación de incorporar a una indagación previa, que ya se encontraba en curso sobre la apertura de diversas sedes consulares, el expediente específico que la Cancillería de la República adelantaba por presuntas irregularidades en el consulado de Tijuana, México. Esta decisión se fundamenta en los reportes que indican que en dicha sede se habrían realizado pagos de salarios, viáticos y cánones de arrendamiento sin que la oficina llegara a prestar servicio efectivo al público.

Es importante precisar que la indagación previa constituye la etapa inicial de cualquier proceso disciplinario en el ordenamiento jurídico colombiano. Esta fase tiene como objetivo primordial verificar si ocurrió una conducta que pueda ser constitutiva de falta y, al mismo tiempo, identificar a los posibles responsables de la misma. Por lo tanto, la actuación actual del ente de control no implica todavía una formulación de cargos ni una declaración formal de responsabilidad contra funcionario alguno.

Alcance de la revisión de la Procuraduría

Según lo informado por las autoridades competentes, la Procuraduría centrará su revisión en posibles irregularidades detectadas en la habilitación financiera y operativa de la sede consular en territorio mexicano. Los puntos bajo la lupa incluyen el proceso de arrendamiento del inmueble, la adquisición de compromisos financieros sin el debido respaldo presupuestal y el reconocimiento de salarios a personal asignado sin que se haya acreditado la prestación efectiva del servicio para el cual fueron contratados.

El origen de este expediente se remonta a una denuncia presentada por Germán Calderón España, quien se desempeña como coordinador del Comité Élite Anticorrupción. La denuncia inicial versaba sobre la apertura de consulados en las ciudades de Monterrey, México, y Estambul, Turquía, durante el periodo comprendido entre los años 2025 y 2026. Al solicitar la información correspondiente a la Cancillería, el ente de control fue notificado de que no existían actuaciones internas vigentes sobre esas dos sedes en particular, pero se informó sobre la existencia de una indagación interna sobre la sede de Tijuana, la cual ha quedado ahora bajo el conocimiento directo de la Procuraduría.

Detalles de los desembolsos económicos

De acuerdo con la información que hace parte del proceso, la sede consular en Tijuana habría generado desembolsos que superan los 153.000 dólares, cifra que al cambio actual representa cerca de $500 millones, todo esto sin haber abierto sus puertas a la ciudadanía. Dentro de estos rubros, se destaca que la cónsul provisional, Maryory Ecinedth Pabón Gavilán, contaba con una asignación mensual de 14.700 dólares. Adicionalmente, se habrían reconocido aproximadamente 20.338 dólares bajo los conceptos de viáticos y gastos relacionados con el traslado de menaje.

Los reportes técnicos señalan que la oficina estaba destinada a funcionar en un edificio ubicado en la denominada Zona Dorada de Tijuana. No obstante, el 1 de octubre, la Dirección Administrativa y Financiera de la Cancillería constató que el contrato de arrendamiento suscrito para dicho espacio no contaba con la asignación presupuestal requerida para su ejecución. La funcionaria Pabón Gavilán, cuya designación oficial inició el 20 de enero de 2026, se habría retirado de su cargo el pasado 30 de octubre. Estos datos corresponden a lo reportado tanto por la prensa como por la propia Cancillería, subrayando que la Procuraduría aún no ha establecido hechos probados ni ha individualizado responsables de manera definitiva.

Antecedentes administrativos y creación de la sede

La creación de la sede consular en Tijuana se dio mediante el Decreto 1405 del 22 de noviembre de 2024. Este documento fue firmado durante la gestión del entonces canciller Luis Gilberto Murillo, quien en el mismo acto administrativo dispuso la apertura de otros consulados en las ciudades de Monterrey y Tuxtla Gutiérrez. En su momento, Murillo sostuvo que la expansión de la red consular era una meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo.

El exministro explicó que el proceso de apertura de una oficina de esta naturaleza exige el cumplimiento de cerca de 45 pasos administrativos y técnicos. Según sus declaraciones, al momento de dejar el ministerio en enero, se habían cumplido aproximadamente 20 de estos pasos. Murillo también agregó que no conocía personalmente a la cónsul designada y que su nombramiento inicial estaba previsto originalmente para la ciudad de Vancouver, en Canadá.

Por su parte, la Cancillería emitió un pronunciamiento a través de su cuenta oficial en la red social X. En dicha comunicación, la entidad atribuyó los gastos ejecutados a la administración anterior y calificó la decisión del cierre de la sede como parte de una revisión integral de los compromisos fiscales heredados. Los reportes indican que el caso también ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, organismo que deberá determinar si existe mérito para iniciar una investigación de carácter penal.

Finalmente, cabe reiterar que ninguna de las personas mencionadas en los expedientes ha sido sancionada ni imputada hasta el momento. Todas las partes involucradas gozan de la presunción de inocencia mientras las autoridades disciplinarias y judiciales adelantan las actuaciones correspondientes para esclarecer el uso de los recursos públicos en esta sede diplomática.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la Procuraduría investiga el consulado de Colombia en Tijuana?

Se investigan presuntas irregularidades por el gasto de cerca de 500 millones de pesos en salarios, viáticos y arriendos de una sede que nunca prestó servicio al público.

¿Cuáles son los hallazgos específicos sobre el manejo del dinero?

Se detectaron pagos de 153.000 dólares que incluyen el sueldo de una cónsul provisional y el alquiler de una oficina que no contaba con el respaldo presupuestal requerido para operar.

¿Qué busca determinar la indagación del ente de control?

La Procuraduría busca verificar si hubo faltas disciplinarias e identificar a los responsables de autorizar compromisos financieros sin sustento y pagos a personal que no acreditó la prestación del servicio.