Fedesarrollo respaldó el ajuste fiscal, pero advirtió sobre 16 años de beneficios tributarios a los grandes negocios

El panorama económico de Colombia se encuentra en un punto de inflexión tras la presentación de la denominada Ley de Rescate por parte del Gobierno Nacional. En este contexto, Fedesarrollo, el principal centro de pensamiento económico del país, ha manifestado su postura frente a la iniciativa, otorgando un aval al enfoque general del ajuste fiscal propuesto, pero encendiendo las alarmas sobre componentes específicos que podrían comprometer la estabilidad de las finanzas públicas a largo plazo.

El principal cuestionamiento de Fedesarrollo recae sobre el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), incluido en el articulado del proyecto de ley. Este mecanismo contempla una serie de incentivos significativos, entre los que se destacan tarifas reducidas del impuesto de renta y una garantía de estabilidad jurídica y tributaria durante un periodo de 16 años. Estos beneficios están diseñados para atraer y mantener megaproyectos en sectores estratégicos como infraestructura, energía, industria, agroindustria y turismo.

De acuerdo con el texto del proyecto, se prevé una estructura de tributación diferenciada para las inversiones que decidan acogerse a este régimen. Específicamente, se plantea una tarifa unificada de renta del 20% para aquellas inversiones que inicien su ejecución en los años 2027 o 2028. Para los proyectos que arranquen su operación a partir de 2029, la tarifa establecida sería del 26%. Estas cifras contrastan con la tarifa general que actualmente rige para el sector empresarial en el país.

Adicionalmente, el esquema RUGE incorpora otros incentivos financieros de gran calado. Entre ellos se encuentra la posibilidad de aplicar una depreciación acelerada de hasta el 50% anual en maquinaria y equipos, así como exenciones en el impuesto al patrimonio para el vehículo de inversión utilizado. Fedesarrollo señaló que, al combinar la depreciación acelerada con las tarifas reducidas para los nuevos negocios, muchas firmas terminarían pagando tasas efectivas de tributación que se ubican muy por debajo de la tarifa general, lo que genera una preocupación sobre la equidad y la suficiencia del recaudo.

La entidad fue enfática en su advertencia respecto a la duración de estas gabelas. "La propuesta incluye mantener estas reglas de juego durante los próximos 16 años. Dada la magnitud del problema de las finanzas públicas, no parece prudente comprometer al país a 16 años de beneficios tributarios para los grandes negocios", advirtió Fedesarrollo. Este llamado de atención cobra especial relevancia al recordar que el déficit del Gobierno se ubica actualmente en torno al 9% del PIB, una cifra que exige un manejo sumamente cuidadoso de los ingresos fiscales futuros.

Alcance fiscal y trámite en el Congreso

Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha salido en defensa de la iniciativa legislativa. En un mensaje emitido el pasado 3 de noviembre, la cartera económica sostuvo que la ley es una herramienta fundamental para el saneamiento de las cuentas del Estado. Según las proyecciones oficiales, la implementación de esta norma mejoraría las finanzas públicas en 51 billones de pesos para el año 2027, y se estima que el impacto positivo alcance cerca de 122 billones de pesos hacia el año 2030.

El proyecto no solo se enfoca en los grandes capitales bajo el régimen RUGE, sino que también plantea una hoja de ruta para el resto del tejido empresarial. La propuesta busca reducir de manera gradual la tarifa general de renta corporativa, pasando del 35% actual al 33% en 2027, para finalmente situarse en el 31% a partir de 2028. Esta medida ha sido interpretada por diversos analistas como un esfuerzo por mejorar la competitividad del país, aunque su coexistencia con regímenes especiales sigue siendo objeto de debate.

Para acceder a los beneficios del régimen especial RUGE, el articulado fija condiciones estrictas que los inversionistas deben cumplir. Estas incluyen montos mínimos de inversión en activos fijos nuevos, los cuales varían según el sector económico. Asimismo, se exige la ejecución de al menos el 40% del capital comprometido durante los dos primeros años del proyecto. Otro requisito fundamental es la obligación de adquirir un porcentaje determinado de bienes y servicios a proveedores nacionales y locales, buscando así un encadenamiento productivo que beneficie a la economía interna.

En cuanto al impacto social y laboral, Lisandro Junco, exdirector de la Dian, ha expresado una visión optimista sobre el esquema propuesto. Según sus estimaciones, la dinamización de la inversión a través de estos incentivos podría contribuir a la generación de 350.000 empleos en el territorio nacional, lo que representaría un alivio importante para el mercado laboral.

El cronograma legislativo para esta iniciativa es apretado. El proyecto, que fue radicado formalmente el 29 de octubre, debe surtir un total de cuatro debates en el Congreso de la República. El objetivo del Gobierno es que el trámite finalice antes del cierre de las sesiones ordinarias, previsto para el próximo 16 de diciembre. Mientras el debate avanza en las comisiones económicas, diversas voces gremiales han manifestado su preocupación. Si bien consideran que la reducción gradual de la tarifa corporativa general es un paso en la dirección correcta, alertan que los tratamientos preferenciales prolongados podrían terminar debilitando la base tributaria del país en un momento de alta vulnerabilidad fiscal.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué es el régimen RUGE y a quiénes beneficia?

Es el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial, que otorga beneficios tributarios y estabilidad jurídica por 16 años a megaproyectos en sectores como infraestructura, energía y turismo. Ofrece tarifas reducidas de renta del 20% o 26% y depreciación acelerada de maquinaria.

¿Por qué Fedesarrollo advirtió sobre esta iniciativa?

Aunque respalda el ajuste fiscal general, considera imprudente comprometer al país con 16 años de beneficios para grandes negocios dado el alto déficit fiscal. Advierte que la combinación de incentivos permitiría que muchas firmas paguen tasas efectivas muy por debajo de la tarifa general.

¿Cuál es el impacto esperado de la Ley de Rescate según el Gobierno?

El Ministerio de Hacienda estima que la ley mejorará las finanzas públicas en 51 billones de pesos para 2027 y generará unos 350.000 empleos. Además, propone reducir gradualmente la tarifa general de renta corporativa del 35% al 31% para el año 2028.