Caso alias 'Julito': el proceso contra el joven señalado de 19 homicidios en Santander enfrenta el desafío de separar la justicia de adultos y la de adolescentes

La captura de Rivera González en la vereda Rosa Blanca, zona rural de Floridablanca, marcó un nuevo capítulo en las investigaciones que adelantan las autoridades por presuntos hechos criminales en Bucaramanga y municipios del área metropolitana. El operativo dejó cinco adultos detenidos y un adolescente aprehendido, además de la incautación de armas de fuego, estupefacientes, dinero y teléfonos celulares.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, durante el procedimiento fueron encontradas cuatro armas de fuego: dos revólveres y dos pistolas. También se decomisaron municiones, cerca de 4.000 dosis de base de coca, marihuana y otros elementos que quedaron bajo custodia para las respectivas diligencias judiciales.

Las armas serán sometidas a estudios balísticos con el propósito de establecer si guardan relación con los homicidios que actualmente son objeto de investigación. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado públicamente sobre resultados que permitan vincularlas de manera concluyente con alguno de esos casos.

Después de una audiencia que, según reportes periodísticos, se prolongó durante más de 12 horas en Bucaramanga, la Fiscalía General de la Nación formuló imputación contra los cinco adultos por los presuntos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en circunstancias que indicarían una posible finalidad de comercialización.

Un juez de control de garantías ordenó que los procesados permanezcan privados de la libertad mientras continúa el proceso penal. La defensa apeló la decisión, por lo que la medida deberá ser revisada por una autoridad judicial de segunda instancia.

La detención preventiva no constituye una declaración de culpabilidad. Rivera González y los demás investigados mantienen su presunción de inocencia mientras la justicia determina si existe responsabilidad penal.

Aunque durante las diligencias se abordaron antecedentes relacionados con investigaciones por homicidio, hasta el momento no se ha reportado una imputación formal por ese delito dentro del proceso derivado de la reciente captura.

Uno de los aspectos centrales del caso es la edad que tenía Rivera González cuando habrían ocurrido los diferentes hechos investigados.

Su abogado defensor, Daniel Dulcey Díaz, señaló que el procesado cumplió 18 años en abril de 2026. Esta circunstancia tiene consecuencias jurídicas, porque los hechos presuntamente cometidos antes de alcanzar la mayoría de edad deben tramitarse bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), mientras que aquellos posteriores se rigen por las normas penales aplicables a los adultos.

El sistema para adolescentes, contemplado en el Código de la Infancia y la Adolescencia, tiene un enfoque pedagógico y restaurativo, con sanciones y condiciones de privación de la libertad diferentes de las previstas para mayores de edad.

Por esa razón, los señalamientos relacionados con hechos anteriores a abril de 2026 no pueden trasladarse automáticamente al procedimiento ordinario de adultos ni dar lugar a una acumulación indiscriminada de eventuales sanciones. Cada investigación debe tramitarse conforme a las reglas de competencia y responsabilidad correspondientes.

Entre los casos mencionados por las autoridades figura la masacre ocurrida en octubre de 2025 en Villa Esperanza, en Floridablanca, que dejó cuatro personas muertas. Por la fecha de esos hechos, cualquier responsabilidad atribuida a Rivera González deberá examinarse bajo el régimen aplicable a los adolescentes.

En enero de 2026, cuando todavía era menor de edad, Rivera González fue aprehendido en una finca de Lebrija en el marco de una investigación por homicidio. Según la información divulgada por las autoridades, en abril se fugó en Bogotá mientras se encontraba bajo custodia del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

Posteriormente, en septiembre, se emitió una orden de captura relacionada con un homicidio ocurrido en el sector de Los Puentes, en Floridablanca.

Por su parte, Gustavo Adolfo González Amaya, abogado que representa a seis víctimas y sus familias, manifestó que las actuaciones judiciales relacionadas con los homicidios todavía se encuentran en una etapa inicial. El jurista señaló que los familiares esperan nuevas audiencias para conocer las imputaciones correspondientes.

Entre los casos que representa se encuentra el de Cinthia Valeria Espitia Argüello, una adolescente asesinada en enero de 2026 en el barrio San Miguel de Bucaramanga, así como los de otras personas que perdieron la vida entre abril y agosto, algunas pertenecientes a una misma familia.

Las familias buscan que las investigaciones permitan esclarecer las circunstancias de cada crimen y establecer responsabilidades individuales ante los tribunales.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la defensa insiste en que los señalamientos deben ser demostrados mediante pruebas y cuestiona la presión mediática que ha rodeado el caso.

Las autoridades, por su parte, deberán establecer si las armas incautadas tienen relación con los homicidios investigados y determinar qué elementos probatorios permiten avanzar en cada expediente.

La evolución del proceso dependerá de las decisiones judiciales, los resultados de las pruebas técnicas y el desarrollo de las investigaciones, con respeto por las garantías procesales de los implicados y los derechos de las víctimas.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Quién es alias 'Julito' y de qué se le acusa?

Carlos Julio Rivera González es un joven capturado en Floridablanca, Santander, señalado por la Policía de estar vinculado con 19 homicidios, aunque actualmente solo enfrenta cargos por porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

¿Por qué su proceso judicial representa un desafío legal?

Debido a que la mayoría de los crímenes ocurrieron antes de que cumpliera 18 años en abril de 2026, esos casos deben tramitarse bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el cual tiene un enfoque pedagógico y sanciones diferentes al sistema para adultos.

¿Cuál es la situación jurídica actual de los capturados?

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para Rivera González y otros cuatro adultos, mientras que las armas incautadas son sometidas a estudios balísticos para determinar su relación con los homicidios investigados.