El Ministerio de Justicia pidió a la Fiscalía investigar el "Pacto de Valledupar"

Las versiones sobre una reunión entre representantes del Gobierno y antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegaron a instancias judiciales y legislativas, luego de que se conocieran señalamientos sobre una presunta solicitud para que los exparamilitares se pronunciaran contra tres dirigentes políticos. El episodio, denominado en medios de comunicación como el «Pacto de Valledupar», permanece sujeto a verificación y no constituye, hasta ahora, una responsabilidad judicial establecida.

El caso tomó relevancia tras la publicación de una columna del periodista Melquisedec Torres en el diario El Colombiano, el sábado 17 de octubre. Al día siguiente, el excomandante de las AUC Salvatore Mancuso difundió un video en su cuenta de X en el que afirmó que delegados del Gobierno de Gustavo Petro les habrían pedido a antiguos jefes paramilitares formular acusaciones contra tres figuras políticas con fines electorales. Según Mancuso, ninguno aceptó la solicitud.

El excomandante identificó a Angie Rodríguez, entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y al asesor presidencial Víctor de Currea-Lugo como las personas que habrían planteado la petición. También aseguró que el presidente Petro nunca se lo solicitó directamente.

Juan Carlos Villamizar, abogado de Mancuso, explicó en declaraciones a Caracol Radio que el encuentro tenía como propósito retomar el proceso de Ralito, relacionado con el acuerdo de 2003 que condujo a la desmovilización de las AUC. Según su versión, durante la reunión el tema habría cambiado hacia solicitudes de carácter político. No obstante, aclaró que, aunque el encuentro ocurrió, no se concretó ningún pacto.

Por su parte, Angie Rodríguez reconoció en una entrevista con la revista Semana que pidió a los antiguos comandantes referirse a los tres dirigentes políticos mencionados. Afirmó que actuó por instrucción de Petro, quien le habría encargado cerrar las conversaciones relacionadas con el proceso de Ralito. Según su relato, uno de los asistentes respondió que no participarían en esa iniciativa.

Las declaraciones de Rodríguez y Mancuso coinciden en señalar que se abordó la posibilidad de hablar públicamente sobre dirigentes políticos, aunque presentan sus propias versiones sobre el origen y las circunstancias de la solicitud.

Ante la difusión de estos señalamientos, el Ministerio de Justicia anunció que solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar una verificación e investigación penal de los hechos. La petición se fundamentó en las declaraciones conocidas y en la información publicada sobre la reunión.

Mancuso manifestó que comparecerá ante la Fiscalía si es citado, al considerar que hacerlo constituye un deber. Sin embargo, hasta el momento de la información divulgada, el ente investigador no había anunciado formalmente la apertura de una indagación.

En paralelo, los abogados Daniel Sanín y Gloria Patricia Jaramillo presentaron una denuncia contra Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, instancia competente para tramitar las denuncias relacionadas con el presidente por hechos vinculados al ejercicio de su cargo.

Los denunciantes solicitaron examinar posibles conductas relacionadas con abuso de la función pública, ofrecimientos irregulares de beneficios judiciales y utilización indebida de recursos estatales. También pidieron recibir los testimonios de Rodríguez, Mancuso y Villamizar, revisar una eventual participación de RTVC y establecer si se plantearon beneficios de justicia transicional a cambio de declaraciones políticas.

La presentación de esta denuncia no significa que exista una investigación formal abierta ni que se haya demostrado responsabilidad penal. Los señalamientos deberán ser examinados por las autoridades competentes.

El expresidente Gustavo Petro negó haber impartido instrucciones para atribuir hechos delictivos a los dirigentes mencionados. En un mensaje publicado en X, rechazó los señalamientos y pidió que se presenten pruebas, incluidas actas, comunicaciones, grabaciones y los nombres de quienes participaron en las conversaciones.

Petro también recordó que la mesa con los antiguos jefes de las AUC fue creada mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025 y que la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo figuraban como invitadas permanentes. A partir de ese antecedente, cuestionó por qué esas instituciones no habían denunciado irregularidades, en caso de haberlas conocido.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué es el llamado "Pacto de Valledupar"?

Se refiere a una presunta reunión entre funcionarios del Gobierno y exjefes paramilitares donde, según Salvatore Mancuso, se les pidió declarar contra Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras y Abelardo De la Espriella.

¿Quiénes habrían hecho la solicitud a los exparamilitares?

Mancuso señaló a Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, y al asesor Víctor de Currea-Lugo; Rodríguez admitió haber mencionado a los políticos por instrucción presidencial, aunque el presidente Petro niega haber dado esa orden.

¿Qué acciones legales se han tomado hasta el momento?

El Ministerio de Justicia pidió a la Fiscalía investigar penalmente los hechos, mientras que abogados denunciaron al presidente Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.