"No vamos a cortar ninguna cabeza": el procurador Eljach precisó que su seguimiento a Air-e es preventivo y no disciplinario

Durante su intervención en el 36.º Congreso Nacional de las Cajas de Compensación Familiar, que se cerró este viernes 23 de octubre en Cartagena, el jefe del Ministerio Público fijó la postura de la entidad frente a la crisis del sector eléctrico en el Caribe. Eljach explicó que la Procuraduría acompaña la situación de Air-e y de Afinia desde un enfoque preventivo y no investigativo.

"Nosotros prevenimos para que el daño no se produzca, en vez de andar persiguiendo gente que ya no la vamos a conseguir", afirmó el procurador. Y agregó: "No estamos haciendo investigación alguna, ni estamos en asomo de cortar ninguna cabeza, que es lo que a veces le gusta a la gente".

Eljach indicó que la entidad seguirá entregando información sobre lo que ocurre con la prestación del servicio en la región Caribe.

La Procuraduría General de la Nación cumple dos papeles distintos. Por un lado, ejerce el control disciplinario: puede abrir indagaciones e investigaciones, formular cargos y sancionar a servidores públicos o a particulares que cumplan funciones públicas. Por otro, tiene una función preventiva, mediante la cual vigila la gestión de las entidades, pide información, emite alertas y formula recomendaciones para evitar irregularidades, sin que ello implique un juicio sobre la conducta de una persona en particular.

Las declaraciones de este viernes ubican la actuación sobre Air-e en ese segundo campo. Ello quiere decir que, a la fecha, no existe un proceso disciplinario anunciado ni responsabilidades individuales establecidas por la Procuraduría frente a quienes han dirigido la empresa intervenida.

El pronunciamiento llega dos meses después de que el propio procurador anunciara en Barranquilla, el 21 de agosto, una revisión de los resultados de cada una de las administraciones que han manejado Air-e desde que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) asumió su control, en septiembre de 2024. En esa ocasión, según El Tiempo y El Heraldo, Eljach sostuvo que una intervención "tiene por objeto salvar y no quebrar" y advirtió que, si la empresa terminaba en peor estado que al inicio, "ahí va a haber responsabilidades", siempre con garantía del debido proceso y de la presunción de inocencia.

Esa revisión abarcaba la gestión de seis agentes interventores, entre ellos Edwin Palma Egea, hoy ministro de Minas y Energía, quien fue llamado a rendir informe. La Procuraduría aclaró entonces que ese requerimiento no significaba la existencia de responsabilidad alguna.

En mayo, tras 19 meses de intervención, el Ministerio Público ya había alertado que no se observaban resultados estructurales que garantizaran la viabilidad de la compañía, y solicitó a Superservicios y a Air-e estados financieros auditados, la relación de contratos superiores a $500 millones y un plan para atender las obligaciones acumuladas con el mercado eléctrico.

A finales de agosto, la entidad puso además bajo seguimiento preventivo un crédito de hasta $1 billón pactado por Air-e con la empresa china China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC), a 60 meses y con una tasa del 5,2 % efectivo anual, destinado a renovar subestaciones y ampliar redes. La Procuraduría pidió explicar si Superservicios conocía y autorizó la operación y qué efectos tendría sobre las tarifas y la calidad del servicio. "No estamos buscando aquí sancionar, sino prevenir el daño", dijo Eljach en ese momento.

Con las declaraciones de este viernes, la Procuraduría reitera que su actuación frente a Air-e se mantiene en la etapa preventiva. Cualquier eventual paso hacia una actuación disciplinaria dependería de lo que arroje la información recaudada y debería anunciarse formalmente por la entidad.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Cuál es la posición actual de la Procuraduría frente a la intervención de Air-e?

El procurador Gregorio Eljach aclaró que la entidad realiza un seguimiento preventivo y no disciplinario, enfocándose en evitar daños en la prestación del servicio en el Caribe en lugar de buscar sanciones inmediatas.

¿Qué implica que la actuación sea de carácter preventivo?

Significa que la Procuraduría vigila la gestión, pide información y emite alertas para evitar irregularidades, pero no ha iniciado investigaciones formales ni ha establecido responsabilidades individuales contra los administradores.

¿Qué aspectos de la empresa están bajo la lupa del Ministerio Público?

La entidad realiza seguimiento a la viabilidad financiera de la compañía, los resultados de los agentes interventores y un crédito de hasta $1 billón pactado con una firma china para la renovación de infraestructura.