Grupo de los 38 Juristas pidió garantías constitucionales tras el llamado a indagatoria contra Álvaro Uribe

El Grupo de los 38 Juristas publicó este 9 de julio un comunicado en el que fijó su posición frente al llamado a indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez, decisión que ha generado reacciones en distintos sectores políticos y jurídicos del país.

En el documento, el colectivo hace un llamado a las autoridades competentes para que el proceso avance con pleno respeto por las garantías constitucionales y los derechos fundamentales. "Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades competentes para que se actúe con plena observancia de los principios constitucionales que orientan el ejercicio del poder punitivo del Estado, garantizando que toda actuación se desarrolle con transparencia institucional, independencia, imparcialidad y respeto por los derechos fundamentales", señala el comunicado.

El Grupo de los 38 Juristas precisa que su pronunciamiento se realiza "sin perjuicio de la reserva legal que ampara las actuaciones judiciales y del respeto por la autonomía de las autoridades competentes", aunque sostiene que existen varios aspectos del proceso que ameritan una reflexión desde una óptica estrictamente constitucional y garantista.

A partir de allí, el colectivo desarrolla cuatro puntos. El primero hace referencia al tiempo transcurrido desde el inicio de las investigaciones relacionadas con los hechos materia del proceso. Según el comunicado, genera preocupación que la vinculación formal del expresidente se produzca después de más de una década de actuaciones, sin que se conozca públicamente la existencia de nuevos elementos que hubieran modificado los presupuestos que dieron origen a la decisión inhibitoria adoptada en su momento por el entonces fiscal general Alfonso Gómez Méndez.

Como segundo aspecto, el Grupo de los 38 Juristas manifiesta inquietud por la decisión de reabrir líneas de investigación previamente cerradas. En el texto afirma que dicha determinación habría sido adoptada por una administración cuya participación en controversias públicas relacionadas con el expresidente Uribe ha sido ampliamente conocida y debatida.

En un tercer punto, el colectivo hace referencia a informaciones divulgadas por diferentes medios de comunicación sobre solicitudes probatorias presentadas por la defensa que, según esas versiones, aún no habrían sido resueltas. Frente a ello, sostiene que "resultaría indispensable que las autoridades aseguren un tratamiento equilibrado de las peticiones de las partes y la plena vigencia del principio de igualdad de armas".

Finalmente, el comunicado advierte sobre el contexto político en el que se produce la actuación judicial. En ese sentido, expresa preocupación porque decisiones de alta trascendencia institucional coincidan con un escenario de fuerte polarización política, por lo que considera indispensable que las autoridades judiciales no solo actúen con imparcialidad, sino que también proyecten ante la ciudadanía una imagen de independencia, objetividad y apego exclusivo a criterios jurídicos.

En la conclusión del documento, el Grupo de los 38 Juristas enfatiza que "la vigencia del Estado de Derecho exige que los procesos judiciales sean valorados por sus fundamentos jurídicos y probatorios, preservando siempre las garantías que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos sin distinción alguna".