Gobierno nacional intensifica el bloqueo de señales celulares en centros penitenciarios para frenar la extorsión

En un esfuerzo coordinado por desmantelar las redes de criminalidad que operan desde el interior de los centros de reclusión, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el Ministerio de Justicia presentaron un balance detallado sobre los avances en la prevención de extorsiones telefónicas. Bajo la directriz del presidente Abelardo De La Espriella, la administración ha establecido como una prioridad innegociable el cese de las actividades delictivas que afectan la tranquilidad de los ciudadanos, asegurando que la privación de la libertad no se convierta en una oportunidad para continuar vulnerando la ley.

Resultados contundentes en el bloqueo de líneas telefónicas

Las cifras reveladas por las autoridades demuestran una aceleración significativa en las acciones de control sobre el espectro electromagnético y el uso de dispositivos móviles en las cárceles. Durante el periodo comprendido entre septiembre y octubre de 2026, se registró un incremento notable en la efectividad de los bloqueos realizados por los principales operadores de telefonía móvil en el país, lo que refleja una articulación técnica sin precedentes entre el sector público y privado.

En el caso del operador Tigo, el bloqueo de líneas experimentó un crecimiento del 97,08%, pasando de 240 líneas inhabilitadas en septiembre a 473 en el mes de octubre. Por su parte, la compañía Claro reportó un aumento del 34,65%, elevando la cifra de 303 a 400 líneas bloqueadas en el mismo lapso. Finalmente, el operador WOM registró un incremento del 86%, escalando de 50 a 93 líneas fuera de servicio. Estas métricas son el resultado de un monitoreo constante y de la aplicación rigurosa de protocolos de seguridad destinados a neutralizar las comunicaciones no autorizadas.

Fortalecimiento de la vigilancia y control de equipos

La estrategia gubernamental no se limita únicamente a la suspensión de los servicios de telefonía, sino que abarca una gestión integral sobre el hardware utilizado por los internos. En este sentido, se ha fortalecido el bloqueo de equipos mediante el código IMEI (International Mobile Equipment Identity), una medida que busca dejar inservibles los dispositivos móviles detectados dentro de los perímetros penitenciarios. Este enfoque integral pretende cerrar cualquier brecha tecnológica que permita la comunicación externa con fines ilícitos.

El Ministerio de Justicia y el MinTIC han enfatizado que el cumplimiento de la ley es el eje central de estas operaciones. Para ello, se están utilizando todas las herramientas jurídicas y técnicas vigentes, incluyendo los decretos de control y la resolución específica sobre inhibidores de señal. Estas normativas permiten al Estado actuar con contundencia frente a la proliferación de señales inalámbricas en zonas donde, por ley, deben estar restringidas.

Nuevos protocolos y presencia institucional en sitio

Para garantizar la sostenibilidad de estos resultados, el Gobierno ha implementado nuevos protocolos de actuación que involucran de manera directa a la Agencia Nacional del Espectro (ANE). Esta entidad desempeña un papel fundamental en la identificación de frecuencias irregulares y en el soporte técnico para que los sistemas de inhibición funcionen de manera óptima sin afectar a las comunidades aledañas a los centros de reclusión.

Asimismo, se han conformado grupos de atención prioritaria que realizan intervenciones directamente en los establecimientos penitenciarios. Estas unidades tienen la misión de verificar en tiempo real la efectividad de los bloqueos y asegurar que la infraestructura tecnológica del Estado esté operando al máximo de su capacidad. La presencia institucional en el terreno es una señal clara de que el Estado está recuperando el control efectivo de las cárceles en todo el territorio nacional.

Seguridad y resocialización como pilares del sistema

El mensaje del Ejecutivo es contundente: estar privado de la libertad no constituye una licencia para delinquir. La administración del presidente Abelardo De La Espriella sostiene que la seguridad ciudadana depende, en gran medida, de la capacidad del sistema penitenciario para aislar efectivamente a quienes han sido condenados por diversos delitos. La ejecución de las penas debe cumplirse bajo condiciones que impidan la reincidencia desde el encierro, protegiendo así a los colombianos de las amenazas de extorsión que históricamente han emanado de estos lugares.

Finalmente, las autoridades señalaron que estas acciones son complementarias a los procesos de resocialización. Al eliminar las dinámicas delictivas dentro de los penales, se crea un entorno más propicio para que los programas de rehabilitación cumplan su objetivo fundamental. El compromiso de los Ministerios TIC y de Justicia es mantener esta tendencia al alza en los bloqueos, ajustando las tácticas conforme evolucionen las tecnologías, para garantizar que ninguna llamada extorsiva vuelva a salir de una celda colombiana.

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consiste la nueva estrategia del Gobierno en las cárceles?

Bajo la dirección del presidente Abelardo De La Espriella, los Ministerios de Justicia y TIC han intensificado el bloqueo de señales y líneas celulares para frenar las extorsiones. La medida incluye la inhabilitación de dispositivos mediante el código IMEI y el uso de inhibidores de señal.

¿Qué resultados se han obtenido recientemente?

Entre septiembre y octubre de 2026, se registró un aumento masivo en el bloqueo de líneas por parte de los operadores: Tigo incrementó sus bloqueos en un 97%, WOM en un 86% y Claro en un 34%. En total, cientos de líneas fueron puestas fuera de servicio en solo dos meses.

¿Cómo se garantiza que estos bloqueos sean efectivos y sostenibles?

Se implementaron nuevos protocolos con la Agencia Nacional del Espectro (ANE) para identificar frecuencias irregulares y grupos de atención prioritaria que verifican la señal en sitio. El objetivo es asegurar que los sistemas de inhibición funcionen sin afectar a las comunidades vecinas a los penales.