Fiscalía sostiene que Nicolás Petro evaluó salir del país en medio de investigación por corrupción

La Fiscalía presentó nuevos elementos dentro del proceso que adelanta contra Nicolás Petro, en el que se le imputan delitos relacionados con hechos de corrupción ocurridos cuando ejercía como diputado en la Asamblea del Atlántico.

Durante la reciente audiencia, el ente investigador expuso información que, a su juicio, respalda la solicitud de una medida de aseguramiento, al señalar que el hijo del presidente Gustavo Petro habría contemplado abandonar el país antes de que se conocieran detalles del caso.

Según la Fiscalía, esa información se obtuvo a partir de la extracción del contenido del celular de Laura Ojeda, pieza que se incorporó como evidencia dentro del expediente. De acuerdo con lo dicho en la diligencia, allí se hallaron conversaciones que hacen referencia a escenarios discutidos en diciembre de 2022, en los que se mencionaba la posibilidad de tramitar pasaportes con el fin de facilitar un eventual viaje al exterior.

Una de esas conversaciones, citada por la fiscal del caso, plantea dos alternativas frente a la investigación: negociar o salir del país. El ente investigador sostuvo que estos intercambios de mensajes fueron tenidos en cuenta como indicio de un posible riesgo de fuga.

A partir de ello, la Fiscalía reiteró que la privación de la libertad es necesaria para garantizar el avance de la investigación que se encuentra en etapa inicial. La fiscal del caso afirmó que las conversaciones también mencionan advertencias sobre quién estaría al frente del proceso, lo que, según dijo, influiría en las decisiones que habrían sido analizadas por Nicolás Petro y su entorno.

Además del capítulo relacionado con la eventual salida del país, la Fiscalía presentó los fundamentos sobre los cuales sustenta la imputación. Indicó que, durante su ejercicio como diputado, Nicolás Petro habría usado su posición para facilitar la entrega de contratos de la Gobernación del Atlántico a la Fundación Conciencia Social. De acuerdo con la acusación, recursos provenientes de esos convenios habrían terminado beneficiándolo económicamente.

El ente acusador señaló que los contratos bajo revisión estaban dirigidos a programas para adultos mayores y para niños en situación de discapacidad dentro del departamento. Estos convenios, según la investigación, fueron gestionados a través de la fundación y su director, quien también hace parte de las indagaciones. La Fiscalía insiste en que existen elementos que permiten vincular a Nicolás Petro con decisiones que impactaron la contratación pública regional.

La audiencia en curso definirá si el juez acoge la solicitud de medida de aseguramiento. Por ahora, la Fiscalía sostuvo que los hallazgos extraídos del teléfono de Laura Ojeda y los elementos relacionados con la contratación del Atlántico son determinantes para justificar su petición. El proceso avanzará con la valoración de las pruebas presentadas y las respuestas de la defensa dentro de las próximas etapas judiciales.