Fiscalía solicita audiencia para imputar cargos al periodista Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual
La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó una solicitud de audiencia de formulación de imputación de cargos contra el periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas Angulo. La actuación judicial se enmarca en una investigación por presunto acoso sexual, luego de denuncias presentadas por cuatro trabajadoras sobre hechos que habrían ocurrido entre 2024 y 2026.
Fiscalía avanza en el proceso judicial
La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia dio un nuevo paso dentro de la investigación que adelanta contra el periodista Jorge Alfredo Vargas Angulo al radicar la solicitud de audiencia de formulación de imputación de cargos.
De acuerdo con la información conocida por distintos medios de comunicación a través de fuentes del ente acusador, el presentador sería investigado por el presunto delito de acoso sexual, conducta contemplada en el artículo 210-A del Código Penal colombiano.
Esta figura penal establece sanciones que pueden ir de uno a tres años de prisión, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, sin perjuicio de las decisiones que adopten las autoridades judiciales durante el desarrollo del proceso.
Con la radicación de la solicitud, corresponderá a un juez programar la audiencia respectiva, en la que la Fiscalía expondrá formalmente los hechos y la calificación jurídica que sustentan la investigación.
Las denuncias que dieron origen a la investigación
Según la información divulgada sobre el caso, la investigación de la Fiscalía tiene como fundamento las denuncias presentadas por cuatro trabajadoras, quienes señalaron al periodista de haber incurrido en presuntas conductas de acoso sexual entre los años 2024 y 2026.
Las acusaciones fueron reveladas inicialmente por el medio de investigación Cuestión Pública y posteriormente dieron lugar a actuaciones por parte de las autoridades competentes.
Hasta el momento, la solicitud de imputación constituye una etapa procesal dentro de la investigación penal y no representa una decisión definitiva sobre la responsabilidad del periodista, la cual solo podrá establecerse mediante las actuaciones previstas en el sistema judicial colombiano.
La salida de Caracol Televisión
Las denuncias también tuvieron consecuencias en el ámbito laboral. En marzo de 2026, Caracol Televisión anunció la terminación del vínculo laboral con Ricardo Orrego y la finalización, de mutuo acuerdo, del contrato de trabajo con Jorge Alfredo Vargas.
En un comunicado oficial, el canal explicó que estas decisiones no constituían un juicio sobre los hechos denunciados ni implicaban una conclusión respecto de eventuales responsabilidades individuales.
La empresa señaló que la determinación buscaba garantizar que las investigaciones pudieran desarrollarse con independencia y preservar la confianza de la audiencia, al tiempo que proteger los derechos de todas las personas involucradas.
El pronunciamiento del canal
En su comunicación institucional, Caracol Televisión indicó que situaciones de esta naturaleza debían ser atendidas con la mayor seriedad, transparencia y responsabilidad.
La compañía manifestó que el proceso debía desarrollarse con respeto hacia quienes formularon las denuncias, así como con garantías para todas las personas involucradas, mientras las autoridades competentes adelantaban las investigaciones correspondientes.
Asimismo, reiteró su compromiso con la búsqueda de la verdad y con el acompañamiento a quienes acudieron a los mecanismos institucionales para presentar sus señalamientos.
El proceso continúa en manos de la justicia
Con la solicitud de audiencia presentada por la Fiscalía, el caso entra en una nueva fase dentro del procedimiento penal.
Será la autoridad judicial competente la encargada de definir la fecha para la diligencia de formulación de imputación, en la que la Fiscalía expondrá formalmente los hechos objeto de investigación y la defensa del periodista podrá ejercer las garantías previstas por la ley.
El desarrollo del proceso continuará bajo los principios del debido proceso y la presunción de inocencia, mientras las autoridades judiciales evalúan las pruebas recaudadas y adoptan las decisiones que correspondan conforme al ordenamiento jurídico colombiano.
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