Fiscalía presentará acusación formal contra Sandra Ortiz por presuntas irregularidades contractuales

La Fiscalía General de la Nación fijará esta semana la audiencia para la lectura del escrito de acusación contra Sandra Liliana Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones. Ortiz enfrenta cargos por tráfico de influencias de servidor público y lavado de activos por hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2023 en la capital del país.

Según el escrito de acusación, la exfuncionaria habría manipulado procesos contractuales y canalizado recursos presuntamente ilícitos que afectaron la administración pública y el orden económico.

La investigación apunta a que Ortiz actuó de manera consciente en la gestión de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), bajo instrucciones de Carlos Ramón González Merchán, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

De acuerdo con el documento, se habrían direccionado contratos por 60.000 millones de pesos a favor del senador Iván Name y otros por más de 10.000 millones para el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

La premura de los requerimientos llevó, según la Fiscalía, a que González y Olmedo López, director de la UNGRD, entregaran sumas en efectivo: 3.000 millones de pesos para Name y 1.000 millones para Calle. Estos fondos estarían relacionados con la contratación del suministro de carrotanques, objeto de investigación.

El expediente judicial indica que, el 21 de septiembre de 2023, en el Palacio de Nariño, Ortiz consultó con Olmedo López sobre las gestiones realizadas. Cuatro días después, el 25 de septiembre, se concretó un encuentro en el Tequendama Suite, donde López presentó a Name. Allí, se habría acordado adicionar 11.000 millones de pesos al contrato de obra 9677-PPAL001-727-2022, destinado a obras en el municipio de Repelón, Atlántico.

La investigación detalla que, el 12 y 13 de octubre de 2023, Ortiz recibió dos entregas de dinero en efectivo que sumaron 3.000 millones de pesos, movilizados en vehículos oficiales con placas VJV-973, KGF-361 y OBG-165. La Fiscalía señala que estas operaciones evidenciarían el uso de recursos públicos para fines ajenos a los legales.

En el proceso también figura Pedro Castro, quien habría prestado 4.000 millones de pesos para cubrir los compromisos mientras ingresaban los recursos del contrato de carrotanques.

De ser hallada culpable, Ortiz enfrentaría una condena no menor a 10 años de prisión, la cual podría aumentar según la valoración judicial del delito de lavado de activos. La audiencia de imputación marcará el inicio del plazo para que la exconsejera defina si busca un acuerdo con la Fiscalía antes del juicio.

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