Fiscalía llevará a juicio a Roa por presunto tráfico de influencias en caso del Penthouse 901

La actuación judicial se relaciona con la adquisición de un apartamento ubicado en el sector de El Chicó, en el norte de Bogotá, y con supuestas gestiones que, según el ente acusador, habría realizado posteriormente en favor de intereses particulares vinculados al empresario y contratista Juan Guillermo Mancera.

Con la presentación formal del escrito ante los jueces de conocimiento, la Fiscalía avanza hacia la etapa de juicio en un proceso que tuvo un punto clave en marzo de este año, cuando Roa fue imputado por el mismo delito. Durante esa diligencia judicial, el directivo rechazó los señalamientos y no aceptó los cargos formulados por el ente investigador.

La investigación tiene como punto de partida la compra de un inmueble identificado como el apartamento 901, un 'penthouse' ubicado en el barrio El Chicó. De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, la operación se concretó en diciembre de 2022 por un valor de $1.800 millones de pesos. Sin embargo, el organismo sostiene que el valor comercial de la propiedad era cercano a los 2.727 millones de pesos, por lo que la diferencia entre ambas cifras habría alcanzado aproximadamente $927 millones de pesos.

Según la acusación, esa diferencia en el valor de la transacción estaría relacionada con beneficios que posteriormente habrían favorecido a intereses asociados a Mancera. La Fiscalía sostiene que, tras asumir la presidencia de Ecopetrol en abril de 2023, Roa habría utilizado la influencia derivada de su cargo para promover iniciativas y oportunidades contractuales que beneficiarían a empresas vinculadas con el empresario.

Dentro de los hechos analizados por los investigadores aparecen actuaciones relacionadas con la filial Hocol y con procesos asociados al proyecto de gasificación Chuchupa-Ballena. La Fiscalía señala que entre agosto de 2024 y enero de 2025 se habrían realizado gestiones encaminadas a favorecer compañías relacionadas con Mancera en el marco de oportunidades de negocio dentro del grupo empresarial.

La acusación también recoge información sobre reuniones y encuentros que hacen parte del material probatorio recopilado por el ente acusador durante el desarrollo de la investigación. Entre esos elementos figuran registros de encuentros sostenidos en Bogotá y declaraciones obtenidas dentro del proceso.

Por su parte, Ricardo Roa ha mantenido su posición de rechazo frente a los señalamientos. Desde la audiencia de imputación ha insistido en que la compra del inmueble se realizó conforme a la ley y ha presentado documentación con la que busca demostrar el origen de los recursos utilizados para la adquisición de la propiedad. Asimismo, ha negado haber utilizado su cargo para favorecer intereses privados.

La defensa sostiene que no existió ninguna conducta irregular ni intercambio de favores relacionado con la operación inmobiliaria objeto de la investigación. En esa línea, ha controvertido los argumentos expuestos por la Fiscalía respecto al valor comercial del apartamento y a los supuestos beneficios posteriores derivados de la transacción.

Dentro de las actuaciones adelantadas por las autoridades también se realizaron inspecciones judiciales y recolección de información documental relacionada con las empresas y personas mencionadas en el expediente. Paralelamente, Ecopetrol ha manifestado en distintas oportunidades que no existen instrucciones institucionales orientadas a favorecer contratistas específicos dentro de los procesos de sus filiales.

Con la radicación del escrito de acusación, el caso entra en una nueva fase procesal en la que la Fiscalía buscará sustentar ante los jueces las pruebas que considera suficientes para demostrar la existencia del presunto tráfico de influencias, mientras que la defensa de Ricardo Roa continuará presentando los argumentos con los que sostiene que no incurrió en ninguna actuación contraria a la ley.

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