Fiscalía lleva a juicio al alcalde de Villa de Leyva y a un particular por presuntas exigencias económicas

Por los delitos de concusión y prevaricato por acción, dentro de una investigación relacionada con presuntas irregularidades en el trámite de ampliación de una licencia de construcción, fue acusado el alcalde de Villa de Leyva, Boyacá, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro.

La acusación fue hecha por la Fiscalía General de la Nación, que además involucró en el caso a Juan Camilo Sánchez Torres, quien deberá responder por el delito de concusión. De acuerdo con la investigación adelantada por el ente acusador, tanto el alcalde como este particular habrían intervenido de manera irregular en un proceso administrativo vinculado con un proyecto de inversión en ese municipio boyacense.

Según la información divulgada por la Fiscalía, los hechos investigados se remontan al 8 de junio de 2025. En esa fecha, presuntamente, el alcalde habría solicitado a la representante legal de una empresa de inversiones contratar a Juan Camilo Sánchez Torres para prestar servicios de asesoría relacionados con la obtención de permisos y el cumplimiento de diversos requerimientos administrativos necesarios para el desarrollo del proyecto.

La investigación sostiene que, una vez formalizada la contratación, el mandatario municipal habría solicitado incrementar los honorarios pactados para el contratista.

De acuerdo con el expediente, durante los 11 meses en que Sánchez Torres prestó sus servicios profesionales, recibió pagos cercanos a los 48 millones de pesos por parte de la empresa involucrada en el proyecto.

La Fiscalía considera que estos hechos hacen parte de las conductas que dieron origen a la investigación y que ahora sustentan la acusación presentada ante la autoridad judicial competente.

El ente investigador también señaló que el 4 de marzo de 2026 se habría presentado un nuevo episodio relacionado con el mismo proceso urbanístico.

Según la acusación, el alcalde Víctor Alfonso Gamboa Chaparro habría solicitado a la representante legal de la empresa una suma de 112 millones de pesos, equivalente al 20 % del valor establecido para la ampliación de la licencia de construcción.

La Fiscalía indicó que esa solicitud habría sido realizada mediante mensajes de voz enviados a la empresaria.

Aunque, de acuerdo con la investigación, posteriormente el mandatario retiró dicha exigencia económica, la Fiscalía sostiene que los acontecimientos posteriores hacen parte del análisis que sustenta los cargos formulados.

Dos días después de la presunta solicitud de dinero, el alcalde habría expedido una resolución relacionada con el trámite administrativo objeto de la investigación.

Según la Fiscalía, esa decisión habría sido adoptada pese a la existencia de un posible conflicto de intereses y constituiría una actuación que, presuntamente, representó una retaliación frente a la negativa inicial de la empresaria de acceder a las exigencias económicas que, según el ente acusador, le fueron planteadas.

Por esa razón, además del delito de concusión, la Fiscalía imputó al mandatario municipal el delito de prevaricato por acción, al considerar que la resolución expedida hace parte de los hechos que serán analizados durante el proceso judicial.

Como consecuencia de la resolución cuestionada, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva rechazó la solicitud de ampliación de la licencia de construcción presentada por la empresa.

La investigación también establece que posteriormente el inspector Segundo de Convivencia y Paz del municipio impuso a los responsables del proyecto una multa cercana a los 232 millones de pesos.

Estos actos administrativos forman parte de los elementos probatorios recopilados por la Fiscalía dentro de la investigación que dio origen a la acusación formal.

Con la presentación del escrito de acusación, el proceso penal entra en una nueva fase judicial en la que serán debatidos los elementos materiales probatorios, la evidencia física y los argumentos presentados por la Fiscalía y por las defensas de los procesados.

La Fiscalía sostuvo que la investigación permitió recopilar información sobre las presuntas actuaciones relacionadas con la gestión de la licencia de construcción y las decisiones administrativas adoptadas posteriormente. Con ello, el ente acusador busca que sea la justicia la que determine la existencia o no de las conductas atribuidas al alcalde de Villa de Leyva y al particular vinculado al proceso.