Confirmaron condena a exdirector de la DNE por afectar recursos destinados a la reparación de víctimas

La decisión del alto tribunal ratifica que el exfuncionario participó en una operación mediante la cual un inmueble administrado por el Estado fue transferido en condiciones que generaron un perjuicio económico para las finanzas públicas y afectaron recursos destinados a la reparación integral de las víctimas.

Con este fallo, la Corte puso fin al proceso judicial y confirmó la responsabilidad penal del exdirector de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

Los hechos analizados por la Corte están relacionados con la finca Jesús del Río, ubicada en el municipio de Zambrano, Bolívar, un inmueble que se encontraba bajo la administración del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco).

Según la sentencia, durante la administración de Carlos Albornoz se autorizó la entrega del predio a la sociedad Capital & Business S.A. mediante la figura jurídica de dación en pago.

La operación se realizó por un valor de 2.372 millones de pesos, monto que posteriormente fue examinado durante el proceso judicial para establecer si correspondía al valor real del inmueble.

Como parte de la investigación fueron practicados peritajes técnicos para determinar el precio comercial de la finca al momento de la negociación.

De acuerdo con la Corte Suprema, el dictamen acogido dentro del proceso estableció que el inmueble tenía un valor superior a 4.400 millones de pesos, una cifra significativamente mayor al monto por el cual fue transferido.

Para el alto tribunal, esta diferencia representó un detrimento para el patrimonio del Estado, debido a que dejó de percibir recursos que debían destinarse a programas de reparación para las víctimas y a otros fines previstos dentro de la administración de bienes incautados al narcotráfico.

Asimismo, la sentencia concluyó que la operación produjo beneficios económicos para terceros en perjuicio de los intereses públicos.

En el fallo, la Corte sostuvo que Carlos Albornoz tuvo una participación determinante en el desarrollo de la negociación.

Según la providencia, el exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes intervino en las actuaciones relacionadas con la valoración del inmueble y en el proceso que permitió concretar la transferencia del predio a un tercero.

El tribunal concluyó que el exfuncionario ejerció control sobre las diferentes etapas de la operación, desde el manejo de la información relacionada con el valor del bien hasta la formalización de la negociación y el posterior traspaso de la propiedad.

Estas actuaciones, según la decisión judicial, ocasionaron un perjuicio al erario y respaldaron la responsabilidad penal atribuida al exdirector.

La Corte Suprema destacó que las irregularidades identificadas afectaron recursos públicos que debían ser utilizados para cumplir los fines establecidos por el Frisco, especialmente aquellos relacionados con la reparación de las víctimas del conflicto y la administración de bienes provenientes del narcotráfico.

El alto tribunal consideró que la diferencia entre el valor comercial del inmueble y el precio por el cual fue transferido representó una afectación directa al patrimonio estatal.

Con la confirmación de la condena, la Corte reiteró la importancia de garantizar una administración transparente de los bienes incautados al crimen organizado y de proteger los recursos públicos destinados a programas de interés general.

La decisión dejó firme la pena de 19 años y 11 meses de prisión contra Carlos Albornoz y constituye el cierre definitivo del proceso judicial por estos hechos de corrupción relacionados con la gestión de bienes administrados por el Estado.