Defensa solicitó intervención preventiva de la Procuraduría tras seis derechos de petición de Jaime Uscátegui

El Ministerio de Defensa Nacional radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de actuación preventiva y de acompañamiento institucional con el propósito de evaluar los efectos administrativos derivados de seis derechos de petición presentados por el representante a la Cámara Jaime Uscátegui Pastrana.

De acuerdo con el documento oficial, la cartera considera necesario que el Ministerio Público haga seguimiento al trámite de los requerimientos, debido a la carga administrativa que representa la atención de 1.360 preguntas formuladas por el congresista en un periodo inferior a dos semanas.

La solicitud fue dirigida al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, y plantea que el acompañamiento preventivo permita garantizar el adecuado ejercicio de las funciones administrativas sin afectar el derecho del congresista a ejercer control político.

Según el Ministerio de Defensa, entre el 3 y el 14 de julio de 2026, el representante Jaime Uscátegui remitió seis derechos de petición relacionados con asuntos de competencia de diferentes dependencias del sector.

Los cuestionarios fueron enviados tanto a la Unidad de Gestión General del Ministerio como al Comando General de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y otras entidades descentralizadas adscritas al sector Defensa.

En conjunto, los seis requerimientos contienen 1.360 preguntas, cuya respuesta requiere la participación de múltiples oficinas y equipos técnicos, además de procesos de consolidación de información provenientes de distintas dependencias.

La cartera señaló que la Secretaría de Gabinete, a través del Grupo de Asuntos Legislativos, es la encargada de coordinar la atención de este tipo de solicitudes formuladas por los miembros del Congreso.

En el oficio remitido a la Procuraduría, el Ministerio de Defensa aclaró que la petición no busca limitar ni cuestionar el ejercicio del control político que corresponde constitucionalmente al Congreso de la República.

Por el contrario, indicó que el objetivo es contar con un acompañamiento institucional que permita verificar que la atención de los requerimientos se realice bajo criterios de proporcionalidad, razonabilidad y eficiencia administrativa.

Asimismo, la entidad solicitó que la Procuraduría designe una dependencia o un equipo preventivo encargado de hacer seguimiento al trámite de las solicitudes, conocer las actuaciones adelantadas por las diferentes oficinas y acompañar el proceso de respuesta.

Dentro de las medidas planteadas al Ministerio Público, el Ministerio de Defensa pidió iniciar una actuación preventiva especial para identificar, anticipar y mitigar posibles riesgos jurídicos, administrativos, disciplinarios e institucionales derivados de la atención concentrada de los requerimientos.

También solicitó verificar la proporcionalidad de la carga administrativa generada por el volumen de preguntas, teniendo en cuenta la cantidad de dependencias involucradas, la complejidad de la información requerida y el impacto que estas labores podrían tener sobre el cumplimiento de las funciones misionales de la cartera.

El documento propone, además, dejar constancia de todas las actuaciones desarrolladas durante el proceso, incluyendo la distribución interna de las solicitudes, los traslados entre dependencias, las validaciones de la información, las respuestas parciales y las razones objetivas que puedan justificar eventuales demoras.

Otro de los puntos incluidos en la solicitud plantea la adopción de medidas preventivas para evitar que los servidores públicos encargados de elaborar las respuestas sean objeto de represalias, hostigamientos o instrumentalización de procesos disciplinarios relacionados con el trámite de los requerimientos.

El Ministerio precisó que esta solicitud no impide que se adelanten investigaciones cuando existan hechos objetivos y jurídicamente relevantes, sino que busca que cualquier evaluación tenga en cuenta el contexto, la complejidad de la información solicitada y las gestiones efectivamente realizadas por los funcionarios responsables.