Justicia de Estados Unidos cierra proceso penal contra Corficolombiana por el caso Ruta del Sol II

En una decisión que marca un hito jurídico para el sector corporativo colombiano, un tribunal de los Estados Unidos ordenó el archivo definitivo de la acusación penal que pesaba sobre Corficolombiana, filial del Grupo Aval. Esta determinación se produce luego de que el Departamento de Justicia (DOJ) de ese país certificara el cumplimiento total de los compromisos adquiridos por la entidad financiera en el marco de las investigaciones relacionadas con los sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht en el proyecto vial Ruta del Sol II.

La resolución judicial es la consecuencia directa de la culminación exitosa de un acuerdo de enjuiciamiento diferido, conocido técnicamente como DPA (Deferred Prosecution Agreement), el cual fue suscrito en agosto de 2023. Bajo esta figura legal, propia del sistema penal estadounidense, la Fiscalía General presenta cargos formales pero suspende su trámite procesal durante un periodo de prueba determinado. Durante este tiempo, la organización implicada debe demostrar un comportamiento corporativo ejemplar, cumplir con sanciones económicas y fortalecer sus estructuras de control interno.

Según la información suministrada por el conglomerado empresarial, Corficolombiana acató rigurosamente cada una de las obligaciones pactadas. Ante esta situación, el Departamento de Justicia solicitó formalmente la desestimación de los cargos, una petición que fue acogida por el tribunal competente. Para el Grupo Aval, este paso representa el cierre definitivo de los procesos ante las autoridades norteamericanas, reafirmando su postura de compromiso con la ética empresarial y el cumplimiento de la normativa internacional vigente.

El origen de este complejo caso judicial se sitúa en la adjudicación del Sector II de la Ruta del Sol, una de las infraestructuras viales más críticas de Colombia, diseñada para conectar de manera eficiente el centro del país con la costa Caribe. Las investigaciones adelantadas por el DOJ revelaron que, entre los años 2012 y 2015, se orquestó un esquema de corrupción que involucró el pago de más de 23 millones de dólares en sobornos a diversos funcionarios públicos colombianos.

El objetivo de estas dádivas ilícitas era asegurar la obtención y el mantenimiento del contrato de concesión, el cual era ejecutado por un consorcio donde participaban la constructora Odebrecht y Episol, esta última una sociedad perteneciente a Corficolombiana. La magnitud de los pagos y la red de influencias utilizada pusieron a la filial bajo la lupa de los reguladores estadounidenses, debido a que el Grupo Aval cotiza en la bolsa de valores de Nueva York, lo que otorga jurisdicción a las autoridades de ese país sobre sus operaciones globales.

Como parte integral del acuerdo DPA, la organización aceptó una sanción penal total de 40,6 millones de dólares. No obstante, el desembolso efectivo realizado directamente al Departamento de Justicia fue de 20,3 millones de dólares. Esta reducción se debió a que el sistema estadounidense permitió acreditar una parte de la sanción frente a los pagos que la empresa ya había realizado ante las autoridades competentes en Colombia, evitando así una doble penalización por los mismos hechos.

De manera paralela, Corficolombiana resolvió una investigación administrativa ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) por un monto aproximado de 40,27 millones de dólares. En este ámbito, también se consideraron los pagos derivados de las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en territorio colombiano. Con estos pagos y la implementación de nuevos protocolos de transparencia, la empresa buscó mitigar el impacto reputacional y legal derivado de las acciones de sus antiguos directivos.

Es fundamental precisar que la decisión tomada por el tribunal estadounidense se limita exclusivamente al procedimiento penal en esa jurisdicción. Mientras en Estados Unidos el capítulo se cierra sin una condena penal tras el cumplimiento del acuerdo, en Colombia el caso ha dejado consecuencias judiciales severas. Uno de los puntos más relevantes es la condena a 11 años de prisión impuesta a José Elías Melo, quien fuera presidente de Corficolombiana, por su responsabilidad directa en el esquema de sobornos.

Asimismo, el proceso en Colombia ha estado rodeado de episodios trágicos y polémicos, como el fallecimiento en 2018 de Jorge Enrique Pizano. Pizano se desempeñaba como auditor del proyecto Ruta del Sol II y fue quien alertó tempranamente sobre las irregularidades financieras y los pagos sospechosos que posteriormente darían pie a las investigaciones internacionales. Para la compañía, el archivo en Estados Unidos garantiza que no habrá nuevos juicios ni sentencias penales en ese país por estos hechos específicos, permitiendo a la entidad enfocarse en su operación bajo los nuevos estándares de cumplimiento exigidos.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la justicia de Estados Unidos cerró el proceso contra Corficolombiana?

El tribunal archivó el caso tras certificar que la filial del Grupo Aval cumplió con un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA), que incluyó el pago de sanciones y el fortalecimiento de sus controles internos.

¿Cuál fue el origen de la investigación contra la entidad financiera?

El proceso se debió a un esquema de corrupción entre 2012 y 2015, donde se pagaron más de 23 millones de dólares en sobornos para asegurar el contrato del proyecto vial Ruta del Sol II.

¿A cuánto ascendieron las sanciones económicas impuestas en este caso?

La organización aceptó una sanción penal de 40,6 millones de dólares ante el Departamento de Justicia y una administrativa de 40,27 millones ante la SEC, acreditando pagos previos realizados en Colombia.