Ley de sometimiento llegó a las plenarias con 29 artículos y una carrera contra el reloj: debe ser ley antes del 4 de noviembre

En el primer debate, las ponencias que pedían archivar el proyecto fueron derrotadas con 38 votos por el No y 20 por el Sí. La discusión se extendió por más de doce horas, según reportaron la Cámara de Representantes y el senador liberal Fabio Amín.

El ponente en el Senado, Hernán Cadavid, del Centro Democrático, ha explicado que el propósito de la iniciativa es derogar el modelo de "paz total" del expresidente Gustavo Petro. En la Cámara, la ponencia estuvo a cargo de la representante Eimy Suárez, de Cambio Radical.

Durante el primer debate se introdujeron ajustes de fondo. La vigencia de la ley pasó de diez a cuatro años, para que coincida con el periodo del actual Gobierno. Para el delito de lavado de activos, la prisión efectiva mínima antes de acceder a libertad condicional subió de uno a tres años.

En cuanto al reclutamiento forzado de menores, la propuesta original excluía por completo a sus responsables de cualquier beneficio. El texto ajustado permite rebajas de hasta el 30 % para integrantes rasos y del 10 % para cabecillas.

El articulado contempla reducciones de pena de hasta el 50 % para los integrantes rasos de las organizaciones y de hasta el 30 % para los líderes, quienes en todo caso deberán cumplir al menos diez años de prisión. Las sanciones se fijarán con base en el Código Penal vigente y no modifican las penas accesorias ni las inhabilidades.

A cambio, las estructuras deberán dejar las armas, cesar sus actividades ilícitas, entregar a los menores reclutados y suministrar información sobre personas desaparecidas, redes criminales, fuentes de financiación y economías ilícitas. También tendrán que reportar zonas con minas antipersonal, abandonar la minería ilegal y entregar bienes para la reparación de las víctimas.

Según la ponencia se elimina la figura del abogado intermediario para solicitar el sometimiento y cada integrante será verificado de manera individual. Las personas ya privadas de la libertad podrán acogerse si demuestran que pertenecían al grupo antes de su captura, sin que ello implique su excarcelación.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, ha sostenido que la norma "desde ningún punto de vista" es un escenario de impunidad, que no reconoce carácter político a los grupos armados y que no cancela órdenes de captura ni suspende extradiciones. El presidente De la Espriella ha resumido su postura con la frase: "Serán sometidos por la razón o por la fuerza".

En la orilla contraria, el senador Rafael Nieto, del Centro Democrático, advirtió que quienes delinquen "no pueden tener premio de ninguna naturaleza", mientras que la senadora Carolina Corcho, del Pacto Histórico, cuestionó los beneficios para narcotraficantes, lavadores de activos y testaferros. Otros congresistas han puesto en duda los mecanismos de control y el impacto fiscal sobre la Fiscalía.

Aunque el proyecto se refiere de forma general a "organizaciones criminales" y no nombra estructuras específicas, su aprobación definirá el marco jurídico frente a los grupos que hoy disputan territorio en el departamento, donde las autoridades reportan presencia del Clan del Golfo, del ELN, de disidencias de las Farc y de estructuras urbanas en el Valle de Aburrá. Los puntos aprobados todavía pueden cambiar en las plenarias.

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consiste el proyecto de ley de sometimiento?

Es una iniciativa del Gobierno de Abelardo De la Espriella que busca reemplazar el modelo de "paz total" por un marco jurídico de sometimiento para organizaciones criminales con penas más estrictas. El proyecto contempla reducciones de pena a cambio de la dejación de armas, entrega de bienes para reparación y suministro de información sobre actividades ilícitas.

¿Cuáles son los principales cambios introducidos en el primer debate?

La vigencia de la ley se redujo de diez a cuatro años y se endurecieron las condiciones para el delito de lavado de activos, aumentando la prisión mínima de uno a tres años antes de acceder a beneficios. Además, se eliminó la figura del abogado intermediario y se estableció que cada integrante del grupo criminal será verificado individualmente.

¿Qué plazos y retos enfrenta la iniciativa en el Congreso?

El proyecto debe convertirse en ley antes del 4 de noviembre y actualmente pasa a segundo debate en las plenarias de Senado y Cámara. A pesar de haber superado el primer debate, enfrenta críticas de sectores que cuestionan los beneficios para narcotraficantes y el posible impacto fiscal en la Fiscalía.