(EN VIDEO) Fiscalía imputó nuevos cargos a Nicolás Petro por presuntas irregularidades en contratos del Atlántico

La Fiscalía General de la Nación imputó este lunes 10 de noviembre nuevos cargos al exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por su presunta participación en hechos relacionados con la contratación pública durante su periodo como diputado departamental.

La audiencia se llevó a cabo ante un juez de control de garantías en Barranquilla y de acuerdo con el ente acusador, Petro Burgos enfrenta imputaciones por cinco delitos: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falso testimonio. Estas acusaciones se suman al proceso previo en su contra por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, ambos en etapa de investigación.

Durante la diligencia, la Fiscalía expuso los elementos materiales probatorios con los que busca demostrar que el exdiputado habría intervenido en la gestión de contratos con la Gobernación del Atlántico, por valores que superarían los tres mil millones de pesos.

Dichos convenios se habrían tramitado, según la investigación, a través de la Fundación Conciencia Social, entidad a la que se señala de haber sido utilizada para desviar recursos públicos hacia intereses personales y de terceros vinculados a su entorno político y familiar.

El organismo judicial sostuvo que en el proceso también se habrían falsificado documentos públicos con el fin de sustentar las gestiones administrativas que respaldaban los contratos cuestionados. Además, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento, argumentando la existencia de un riesgo de obstrucción a la justicia.

En la audiencia, los fiscales afirmaron que los hechos investigados se derivan de un presunto “acuerdo corrupto” entre Nicolás Petro, su entonces esposa Daysuris Vásquez, el secretario general de la Gobernación del Atlántico, Raúl Lacouture, y el representante legal de la fundación mencionada, Gustavo de la Ossa. Según la acusación, el grupo habría diseñado un esquema para obtener contratos del departamento a favor de la fundación, destinando parte de los recursos a fines distintos a los previstos.

La Fiscalía señaló que Petro habría tenido incidencia directa en la definición del personal vinculado a la ejecución de los proyectos financiados con los recursos públicos. En el expediente se mencionan contratos orientados a la atención de adultos mayores y niños en condición de discapacidad, cuyas gestiones habrían sido supervisadas por el entonces diputado.

El nuevo expediente judicial tiene origen en las declaraciones entregadas por Daysuris Vásquez, quien señaló posibles ingresos no reportados y acuerdos irregulares con contratistas regionales. Estas manifestaciones dieron lugar a la apertura de una segunda investigación, independiente del proceso por lavado de activos.

La defensa de Nicolás Petro solicitó que las nuevas imputaciones se tramiten con base en pruebas distintas a las ya presentadas en el primer proceso. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que se trata de hechos diferentes identificados durante el seguimiento a los contratos en el Atlántico. Con esta nueva imputación, Petro enfrenta dos investigaciones penales activas y queda a la espera de que la justicia defina si se adoptarán medidas restrictivas en su contra.