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Empalme Anticorrupción del Gobierno electo denuncia ante Procuraduría y Contraloría presuntas irregularidades en contratación estatal

El Equipo de Empalme Anticorrupción del Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella presentó cuatro denuncias ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en procesos contractuales y administrativos de entidades del Estado. Las actuaciones involucran a Colombia Compra Eficiente, el ICBF y Electrohuila, y buscan que los organismos de control adelanten las investigaciones correspondientes.

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Empalme Anticorrupción del Gobierno electo denuncia ante Procuraduría y Contraloría presuntas irregularidades en contratación estatal

Denuncias por presuntas irregularidades durante el empalme

El proceso de transición entre el Gobierno saliente y la administración entrante sumó un nuevo capítulo con la radicación de cuatro denuncias por parte del Equipo de Empalme Anticorrupción, encabezado por el abogado Germán Calderón España.

Las acciones fueron presentadas ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, con el propósito de que ambas entidades revisen presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de empalme en diferentes organismos del Estado.

De acuerdo con el equipo del presidente electo Abelardo De La Espriella, los casos corresponden a procesos contractuales y administrativos que, en su criterio, requieren una verificación inmediata por parte de los entes de control para establecer si existieron actuaciones contrarias a la normatividad vigente.

Proceso de ciberseguridad concentra la principal alerta

La primera denuncia está relacionada con el proceso de selección CCENEG-094-01-2026 adelantado por Colombia Compra Eficiente para la contratación de proveedores de servicios de ciberseguridad, cuyo presupuesto asciende a cerca de 300.000 millones de pesos.

Según el Equipo de Empalme Anticorrupción, existen inquietudes sobre el desarrollo del procedimiento contractual, entre ellas la posible existencia de pliegos con requisitos que limitarían la participación de empresas nacionales, estudios de mercado que consideran desactualizados y un cronograma cuya rapidez, según los denunciantes, amerita una revisión.

Debido a que la adjudicación del contrato está prevista para el 28 de julio, el Gobierno electo solicitó a los organismos de control evaluar la posibilidad de suspender preventivamente el proceso mientras se verifica el cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y libre competencia.

Dos denuncias involucran al ICBF

Las otras dos denuncias están dirigidas a actuaciones relacionadas con un convenio suscrito por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís, por un valor superior a los 6.435 millones de pesos, destinado a programas para atender la desnutrición infantil en el departamento del Chocó.

De acuerdo con la información suministrada por el equipo de empalme, la entidad hospitalaria se encontraba bajo vigilancia especial de la Superintendencia Nacional de Salud al momento de la celebración del convenio.

Asimismo, se reportaron presuntas dificultades durante la ejecución del contrato, entre ellas la falta de personal médico y nutricional, el suministro de alimentos que, según la denuncia, no correspondían a los autorizados y deficiencias en los protocolos de inocuidad.

Según el informe presentado, estas circunstancias habrían generado una reducción cercana al 40 % en la cobertura del programa, afectando la atención prevista para siete municipios y dejando sin ejecutar más de 2.060 millones de pesos inicialmente comprometidos para la intervención.

Electrohuila también será objeto de revisión

La cuarta denuncia está relacionada con Electrohuila y hace referencia a una presunta reforma estatutaria que, según el Equipo de Empalme Anticorrupción, habría buscado favorecer la permanencia de la actual gerente de la empresa.

Sobre este caso, el Gobierno electo recordó que la Procuraduría General de la Nación ya había iniciado una indagación preliminar para establecer si existieron actuaciones irregulares alrededor de esa modificación.

Llamado a la actuación de los organismos de control

El Equipo de Empalme Anticorrupción señaló que estas denuncias hacen parte de la estrategia de revisión de la gestión administrativa durante el proceso de transición gubernamental.

Según el comunicado, el propósito es que las autoridades competentes determinen si existieron irregularidades y, de ser el caso, adopten las decisiones contempladas por la ley.

El Gobierno electo reiteró que este ejercicio de empalme busca documentar las situaciones identificadas y ponerlas en conocimiento de los organismos de control para que adelanten las investigaciones correspondientes, respetando el debido proceso y las competencias de cada entidad.

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