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Emilio Tapia quedó en libertad condicional: ¿Qué viene para el contratista de Centros Poblados?

Tras conocerse que el contratista Emilio Tapia Aldana recuperó su libertad condicional luego de que un juez de ejecución de penas de Barranquilla determinara que cumplió con los requisitos establecidos para acceder a este beneficio jurídico, ahora se espera que reintegre el dinero restante que prome

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Redacción IFM
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Emilio Tapia quedó en libertad condicional: ¿Qué viene para el contratista de Centros Poblados?

Tras conocerse que el contratista Emilio Tapia Aldana recuperó su libertad condicional luego de que un juez de ejecución de penas de Barranquilla determinara que cumplió con los requisitos establecidos para acceder a este beneficio jurídico, ahora se espera que reintegre el dinero restante que prometió.

La decisión judicial fue emitida el pasado 28 de marzo por el Juzgado Primero de Ejecución de Peñas de Barranquilla, el cual concluyó que el empresario había cumplido las tres quintas partes de su sentencia. Asimismo, se tuvo en cuenta su comportamiento dentro del centro penitenciario El Bosque, en Barranquilla, donde adelantó actividades catalogadas como de “resocialización”.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que, tras una verificación en los sistemas judiciales, no se encontraron otros requerimientos activos en contra del contratista, por lo que se procedió a su liberación. Tapia, según fuentes cercanas, firmó un documento en el que se compromete a atender los requerimientos de las autoridades judiciales.

Emilio Tapia estuvo privado de la libertad desde septiembre de 2021, luego de haber sido señalado como uno de los principales implicados en el escándalo de Centros Poblados, caso que giró en torno a un contrato por 1,7 billones de pesos celebrado con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

En noviembre del año pasado, un juez de conocimiento de Bogotá avaló un preacuerdo entre Tapia y la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual el contratista aceptó su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado. La sentencia inicial impuesta fue de seis años y cuatro meses de prisión.

Dentro del acuerdo, Tapia se comprometió a colaborar como testigo en otros procesos penales relacionados con el mismo caso. No obstante, la mayoría de los implicados también suscribieron preacuerdos o principios de oportunidad, lo que ha impedido la realización de juicios adicionales.

Durante el proceso, el contratista presentó un plan de reparación que incluía la devolución de $5.063 millones de pesos. Estos recursos correspondían a parte del anticipo de $70 mil millones de pesos que el MinTIC giró a la Unión Temporal Centros Poblados, de la cual Tapia hacía parte a través de terceros.

Con dichos recursos, según las autoridades, se efectuarán pagos en dólares en el exterior y adquisiciones personales como obras de arte, tiquetes aéreos y vehículos.

En esta nueva etapa judicial, Tapia ha reintegrado $2.522 millones de pesos representados en ocho títulos judiciales, además de dos pagarés por $1.265 millones de pesos cada uno, con vencimientos pactados entre abril y octubre del presente año.

Por su implicación en el llamado «carrusel de la contratación» en Bogotá, Tapia también fue objeto de un proceso de extinción de dominio. La Fiscalía General vinculó 24 bienes, entre los que se cuentan apartamentos, fincas, un lote y participaciones en tres sociedades, por un valor cercano a los $41 mil millones de pesos.

Pese a la determinación judicial, la Procuraduría General de la Nación interpuso un recurso de apelación al considerar que Tapia no debía acceder al beneficio de libertad condicional. Según el Ministerio Público, era necesario verificar el adecuado cumplimiento del tratamiento penitenciario y la inexistencia de riesgos jurídicos pendientes.

Por ahora, Emilio Tapia permanece en su residencia en Barranquilla bajo libertad condicional. Como parte de sus compromisos judiciales, tendrá que abonar los recursos restantes de los $4.714 millones de pesos estipulados, con plazo máximo hasta octubre de 2025.

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