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¿Dónde están los documentos? Contraloría no pudo auditar la mayoría de obras del DPS por falta de información

La Contraloría General de la República informó que durante una auditoría de cumplimiento realizada al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS-, solo logró revisar el 2,31% de una muestra de 889 convenios interadministrativos suscritos entre 2011 y 2024, por un valor total de $2,5

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Redacción IFM
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¿Dónde están los documentos? Contraloría no pudo auditar la mayoría de obras del DPS por falta de información

La Contraloría General de la República informó que durante una auditoría de cumplimiento realizada al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS-, solo logró revisar el 2,31% de una muestra de 889 convenios interadministrativos suscritos entre 2011 y 2024, por un valor total de $2,5 billones. De acuerdo con el informe, el acceso a documentación completa solo fue posible en 25 convenios, que suman $58.000 millones.

Los 889 convenios estarían relacionados con obras de infraestructura social en varias regiones del país y acorde con la Contraloría, el DPS les dijo que no tenía en sus archivos todos los documentos solicitados y que solo pudo entregar lo que actualmente estaba en su poder. Por esta razón, la entidad de control se abstuvo de emitir conclusiones sobre cómo se usaron los recursos y dejó el informe con la nota de “limitación en el alcance”.

A pesar de esta situación, la auditoría encontró 11 hallazgos con posible daño al patrimonio público por un total de $12.682 millones. Entre los casos mencionados está el del mercado público de Fundación, Magdalena, que fue terminado en 2021 pero no estaría en uso, lo que habría causado un posible daño por $5.116 millones.

La Contraloría también reportó un contrato en Coyaima, Tolima, donde la obra de la plaza de mercado solo se ejecutó en un 51%, pero se habrían realizado pagos completos. Esto generó un posible detrimento de $2.754 millones.

Otro caso fue en San Andrés de Sotavento, Córdoba, donde se pagaron obras de mejoramiento de viviendas que no cumplirían con los requisitos, lo que habría causado un daño por $1.116 millones.

El ente de Control ya trasladó estos casos a su equipo de análisis para rastrear los pagos hechos a entes territoriales como alcaldías y bancos de desarrollo. Además, el informe será enviado a la Fiscalía y a la Procuraduría para que adelanten las investigaciones que correspondan.

La Contraloría también señaló que sigue solicitando información a los entes territoriales, pero recordó que el manejo de estos recursos sigue siendo responsabilidad del DPS, incluso cuando son transferidos a otras entidades.

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