Deicy Jiménez declaró ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en indagación por presuntos contratos a cambio de favores sexuales

El caso, que en la opinión pública se ha denominado "el caso de las 48", surgió tras una entrevista que Jiménez concedió a Semana, difundida el pasado 25 de octubre, donde aseguró que durante varios años por parte del expresidente Petro y su círculo cercano se habrían entregado contratos estatales a mujeres jóvenes a cambio de favores sexuales. Las cifras son diferentes; algunos reportan que se trató de 48 mujeres y otros de una lista de alrededor de 40 nombres.

De acuerdo a las versiones que se han conocido, Jiménez al parecer suscribió unas diez órdenes o contratos entre 2021 y 2026, siete de ellos en dependencias del Legislativo, incluido el periodo en que Pizarro integró la mesa directiva del Senado, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. La denunciante también mencionó contratos en la Superintendencia Nacional de Salud y afirma haber trabajado unos meses en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Pizarro.

Se trata de una indagación previa, es decir, consiste en una etapa preliminar en la que la Corte busca establecer si los hechos denunciados ocurrieron, si podrían constituir delito y quiénes serían sus posibles responsables, lo que no implica, por sí misma, una acusación formal. Hasta ahora, las fuentes consultadas no precisan qué tipos penales examina la Sala.

Por el momento, la Corte asumió que el estudio de las conductas atribuidas a Petro habrían ocurrido en 2019, cuando era senador. Los hechos que correspondan a su periodo como presidente (2022-2026) deberán tramitarse ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, juez natural de los expresidentes por actos ejercidos en el cargo.

Como respuesta, Petro ha rechazado de forma categórica las acusaciones. "Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales", afirmó en su cuenta de X, en el mismo sentido, su defensa y la de Pizarro han calificado el caso como un montaje.

El caso avanza en paralelo en otras instituciones, e incluso en la Fiscalía General de la Nación se abrió una investigación, y su director encargado, Gilberto Guerrero, consideró necesario recoger el testimonio de Jiménez; una fiscal delegada ante la Corte también la llamará a declarar.

En el plano disciplinario, la Procuraduría General de la Nación abrió el pasado 26 de octubre una indagación previa contra funcionarios "por determinar" de la Dirección Administrativa del Congreso, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio del Interior y las superintendencias de Vigilancia y de Salud. El Ministerio Público pidió a esas entidades todos los contratos de Jiménez desde 2019, la reconoció como sujeto procesal y solicitó a Semana la copia íntegra de la entrevista.

Preguntas y respuestas de contexto

¿De qué se trata la denuncia realizada por Deicy Jiménez?

La excontratista asegura que existió un esquema en el que se entregaron contratos estatales a mujeres jóvenes en el Congreso y entidades del Gobierno a cambio de favores sexuales.

¿Quiénes son los principales señalados en esta indagación preliminar?

La Corte Suprema de Justicia investiga al presidente Gustavo Petro por hechos que habrían ocurrido cuando era senador en 2019, y a la senadora María José Pizarro, quienes niegan rotundamente las acusaciones.

¿Qué acciones están tomando las autoridades frente a este caso?

La Corte Suprema inició una indagación previa para verificar los hechos, mientras que la Procuraduría solicitó revisar los contratos de Jiménez y la Fiscalía abrió una investigación paralela.