Consejo de Estado admite demanda que busca la pérdida de investidura del senador Agmeth Escaf

¿Quién demandó y por qué?

La acción fue presentada por Juan Carlos Calderón España, presidente de la Veeduría Ciudadana Nacional, Control Social y Efectivo (VER-Control). El demandante invoca la causal prevista en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política, que establece que los congresistas perderán su investidura por "tráfico de influencias debidamente comprobado".

Según la demanda, Escaf habría intervenido en nombramientos y decisiones administrativas de entidades del orden nacional durante el gobierno de Gustavo Petro, cuando ocupaba una curul en la Cámara de Representantes por el Atlántico. Algunos medios añaden que el escrito también menciona un presunto direccionamiento de contratos, punto que no aparece en todas las versiones publicadas.

Las declaraciones de Eva Ferrer

El sustento principal de la demanda son las afirmaciones que Eva Ferrer, exasesora de la entonces primera dama Verónica Alcocer, hizo en una entrevista con la revista Semana. En ella, Ferrer sostuvo que Escaf y Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama, habrían influido en cambios de directivos y movimientos administrativos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y ProColombia.

Entre otros episodios, Ferrer se refirió a la salida de Concepción Baracaldo de la dirección del ICBF y a presuntas presiones contra Carmen Caballero, entonces al frente de ProColombia. Estas afirmaciones son, por ahora, señalamientos de una testigo que no han sido verificados judicialmente.

Para probar sus acusaciones, el demandante pidió al Consejo de Estado citar a Ferrer para que ratifique y amplíe su relato, incorporar la entrevista como prueba, recibir testimonios de antiguos directivos de las entidades mencionadas y solicitar información oficial a distintos organismos del Estado.

¿Qué significa la admisión?

Admitir una demanda es un paso procesal: el tribunal verifica que la solicitud cumple los requisitos formales y decide tramitarla. No constituye una decisión de fondo ni un pronunciamiento sobre la responsabilidad del senador, quien conserva su investidura y goza de las garantías del debido proceso.

La pérdida de investidura es una sanción de carácter jurisdiccional, distinta de un proceso penal, que se aplica a los congresistas que incurren en conductas prohibidas por la Constitución, como violar el régimen de inhabilidades o incompatibilidades, o el tráfico de influencias. Por mandato del artículo 184 de la Constitución, la decide el Consejo de Estado, y la Ley 1881 de 2018 estableció que el proceso tiene dos instancias: la primera, a cargo de una sala especial de decisión, y la segunda, ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Para que prospere, la causal invocada debe quedar plenamente demostrada.

En la etapa que sigue, el expediente debe ser notificado al congresista, quien podrá presentar sus descargos y solicitar pruebas. Después, el tribunal practicará las pruebas decretadas, escuchará a las partes y emitirá una sentencia.

Silencio del senador y otros frentes

Hasta la publicación de este artículo, los medios que informaron sobre la admisión no habían registrado una respuesta del senador Escaf a esta decisión. Este medio mantiene abierto el espacio para conocer su versión.

Las declaraciones de Ferrer también han tenido eco en otras instancias. Según la información publicada, Verónica Alcocer manifestó que se pondría a disposición de la justicia frente a las investigaciones que surjan de esas acusaciones. Por ahora, no se conoce una investigación penal abierta contra Escaf por estos hechos.

El caso se suma a otras demandas de pérdida de investidura que el Consejo de Estado ha admitido en los últimos meses contra congresistas de distintos partidos, un mecanismo que cualquier ciudadano puede promover.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué el Consejo de Estado admitió una demanda contra Agmeth Escaf?

El tribunal aceptó estudiar una solicitud ciudadana que acusa al senador del Pacto Histórico de presunto tráfico de influencias en entidades estatales. La demanda se basa en declaraciones de Eva Ferrer, exasesora de la primera dama, sobre supuestas presiones en nombramientos en el ICBF, el Dapre y ProColombia.

¿Qué consecuencias podría enfrentar el congresista?

De demostrarse la causal de tráfico de influencias, el senador podría perder su investidura, una sanción constitucional que lo apartaría definitivamente de su cargo. No obstante, la admisión de la demanda es solo un paso procesal y no implica un juicio de responsabilidad ni una condena anticipada.

¿Cuáles son los siguientes pasos en este proceso judicial?

Tras la notificación, el senador podrá presentar sus descargos y solicitar pruebas para su defensa. Posteriormente, el Consejo de Estado practicará las pruebas, escuchará a las partes y emitirá una sentencia en primera instancia, la cual podrá ser apelada ante la Sala Plena.