Contraloría de Bucaramanga alista la vinculación del exalcalde Juan Carlos Cárdenas al proceso fiscal por la pérdida de la "chatarra" del alumbrado público

La Contraloría Municipal de Bucaramanga avanza en el fortalecimiento de las investigaciones relacionadas con el presunto detrimento patrimonial derivado de la gestión de elementos del alumbrado público. Según fuentes del órgano de control fiscal de la capital santandereana, la entidad tendría listo el documento jurídico necesario para incluir formalmente al exmandatario Juan Carlos Cárdenas en el proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta por la desaparición de luminarias y diversos elementos considerados inservibles o "chatarra".

Esta decisión administrativa se enmarca en las facultades otorgadas por la Ley 610 de 2000, marco normativo que regula las actuaciones de las contralorías en el país. El objetivo primordial de este tipo de procesos es establecer si servidores públicos o particulares encargados del manejo de recursos del Estado causaron, ya sea por acción directa o por omisión en sus funciones de vigilancia, un daño al patrimonio público. En caso de confirmarse dicho daño, el proceso busca obligar a los implicados a resarcir económicamente la afectación causada al erario.

Es fundamental precisar que la vinculación formal a un proceso de responsabilidad fiscal no equivale a una declaración de culpabilidad ni a un fallo condenatorio. Ser vinculado significa que la persona queda integrada formalmente dentro de la investigación en calidad de presunto responsable. Esta condición le otorga el derecho constitucional a ejercer su defensa, aportar pruebas y controvertir los hallazgos presentados por el ente de control, manteniendo en todo momento la presunción de inocencia hasta que se dicte una decisión en firme.

El origen de este complejo caso se remonta a la Auditoría Especial de Fiscalización identificada con el radicado AEF-015-2024, cuyos resultados fueron divulgados en noviembre de 2024. En dicho informe, la Contraloría identificó hallazgos fiscales que superan los $23.442 millones. La irregularidad principal detectada fue la falta de control efectivo sobre una gran cantidad de materiales retirados del servicio, entre los que se encuentran luminarias, postes metálicos, cableado de cobre, transformadores y otros componentes del sistema de alumbrado público de la ciudad.

Estos elementos debían permanecer custodiados en bodegas oficiales, específicamente en los depósitos conocidos como La Hormiga, ubicado en el sector de la carrera 30, y Villas de San Ignacio, localizado en la vía que conduce al sector de Chimita. No obstante, el informe de auditoría advirtió sobre graves deficiencias en los inventarios y en los registros contables de la administración municipal. Asimismo, se señaló el incumplimiento sistemático de los procedimientos legales establecidos para dar de baja bienes muebles del municipio, lo que generó una incertidumbre sobre el paradero final de estos activos.

El documento de fiscalización señaló posibles responsabilidades compartidas entre dos periodos de gobierno: la administración de Juan Carlos Cárdenas (2020-2023) y la gestión de su sucesor, Jaime Andrés Beltrán (2024 en adelante). A pesar de que los hallazgos involucraban ambos periodos, el desarrollo procesal inicial mostró disparidades en las vinculaciones.

En marzo de 2026, la Contraloría de Bucaramanga procedió a la apertura formal del proceso de responsabilidad fiscal. En esa etapa inicial, la vinculación recayó sobre Jaime Andrés Beltrán y varios exfuncionarios que integraron la Secretaría de Infraestructura. Para ese momento, el daño patrimonial estimado se elevó significativamente, situándose en una cifra cercana a los $46.000 millones.

La ausencia inicial de Juan Carlos Cárdenas en el auto de apertura generó reacciones jurídicas inmediatas. La defensa de Beltrán, liderada por el abogado Rodrigo Parada, cuestionó esta omisión y presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría Regional de Santander contra el subcontralor que ejercía funciones en esa época. El argumento central de la defensa radicaba en que, para garantizar la integridad del proceso, debían vincularse todas las personas que tuvieron bajo su responsabilidad la custodia y administración de los bienes durante los periodos señalados por la auditoría.

Rodrigo Parada, quien representa a Beltrán —actualmente desempeñándose como ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio—, había solicitado previamente la nulidad del auto de apertura bajo la premisa de que la investigación debía ser integral. Tras conocerse la intención de la Contraloría de vincular ahora a Cárdenas, el jurista afirmó que esta nueva determinación termina dándoles la razón, al incluir finalmente a exfuncionarios tanto de la administración saliente como de la entrante, permitiendo un análisis completo de la trazabilidad de los bienes desaparecidos.

Más allá del ámbito fiscal, el caso ha escalado a otras instancias. La Fiscalía General de la Nación recibió denuncias penales por el presunto delito de peculado por apropiación, interpuestas por ciudadanos como Emiro Arias Bueno. Debido a la actual dignidad que ostenta Jaime Andrés Beltrán como ministro, el expediente fue trasladado en agosto de 2026 a la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, dada la competencia por el fuero constitucional del alto funcionario. Los denunciantes fueron notificados formalmente de este movimiento procesal el pasado 15 de septiembre.

Es imperativo recordar que las actuaciones en los ámbitos fiscal, penal y disciplinario son totalmente independientes entre sí. Cada proceso sigue su propio curso y cuenta con sus propios términos legales. Hasta la fecha, todos los mencionados en las investigaciones conservan su presunción de inocencia, ya que ninguno ha sido declarado responsable fiscal mediante fallo en firme ni ha recibido sentencia condenatoria por parte de la justicia penal.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué será vinculado el exalcalde Juan Carlos Cárdenas a un proceso fiscal?

La Contraloría de Bucaramanga lo incluirá en una investigación por el presunto detrimento patrimonial de 46.000 millones de pesos, relacionado con la pérdida de luminarias y materiales de "chatarra" del alumbrado público.

¿Qué irregularidades detectó la Contraloría en este caso?

Se identificó una falta de control efectivo y deficiencias en los inventarios de materiales como postes, cableado y transformadores que debían estar custodiados en bodegas oficiales, pero cuyo paradero es incierto.

¿Quiénes más están involucrados en la investigación?

El proceso también vincula al actual ministro Jaime Andrés Beltrán y a varios exfuncionarios de la Secretaría de Infraestructura, cubriendo gestiones desde el año 2020 hasta la actualidad.