Contraloría abre proceso de responsabilidad fiscal por presunto detrimento de $3.000 millones en contrato para salvar corales de San Andrés

La Contraloría General de la República ha dado un paso determinante en la vigilancia de los recursos destinados a la protección ambiental en el archipiélago. El organismo de control inició formalmente un proceso ordinario de responsabilidad fiscal ante las presuntas irregularidades detectadas en un contrato suscrito por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina). El objetivo de dicho convenio era la recuperación de los arrecifes coralinos, gravemente afectados por una patología biológica, pero el manejo de los fondos ha despertado serias alarmas institucionales.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el presunto daño al patrimonio público superaría los $3.000 millones. Es fundamental precisar que la apertura de este proceso administrativo no implica, por el momento, una declaración de responsabilidad definitiva, sino el inicio de una etapa probatoria donde se busca determinar si existió una gestión fiscal ineficaz o corrupta que afectara las arcas del Estado.

Un contrato para enfrentar la pérdida de tejido de coral

El contrato que hoy se encuentra bajo la lupa de los investigadores fue celebrado entre Coralina, en su calidad de autoridad ambiental del archipiélago, y la Asociación de Municipios de la Costa (Asomucosta). Según la información suministrada por el ente de control, en la ejecución también habría participado la organización Escudo Ambiental de Colombia. Los recursos financieros para este proyecto provinieron del Fondo Nacional Ambiental (Fonam), una cuenta adscrita al Ministerio de Ambiente destinada a la inversión en ecosistemas estratégicos.

El propósito técnico del contrato era atender de manera urgente los arrecifes afectados por la enfermedad de pérdida de tejido de coral pétreo (SCTLD, por sus siglas en inglés). Este mal es particularmente agresivo, pues destruye con una rapidez inusitada el tejido vivo de los corales duros, los cuales son la base estructural del ecosistema marino. La amenaza no es menor, ya que pone en riesgo la integridad de la Reserva de Biosfera Seaflower, uno de los tesoros ambientales más valiosos de Colombia y del Caribe.

¿Qué examina la Contraloría?

El proceso de responsabilidad fiscal es la herramienta jurídica con la que la Contraloría establece si los servidores públicos o los particulares que administraron recursos estatales causaron un daño patrimonial, ya sea por acción directa o por omisión en sus funciones de cuidado. En caso de confirmarse el detrimento, el organismo ordena el resarcimiento económico de los fondos. Es importante aclarar que este no es un proceso de carácter penal ni disciplinario; su naturaleza es netamente patrimonial y solo concluye con un fallo que determina la existencia o ausencia de responsabilidad fiscal.

En este caso específico, el organismo de control revisará minuciosamente si los pagos realizados corresponden a trabajos que fueron efectivamente ejecutados en el mar. Entre los puntos críticos que están bajo estudio figuran labores de restauración coralina que, al parecer, nunca se realizaron o quedaron en un estado inconcluso. Asimismo, se investigan inconsistencias graves en los soportes de gastos presentados por los contratistas.

Uno de los hallazgos que más ha llamado la atención de los auditores son los pagos asociados a viajes realizados a las Bahamas, los cuales no estarían debidamente justificados dentro del objeto contractual ni en el cronograma de actividades. Adicionalmente, se estudian posibles indicios de fragmentación contractual, una práctica que busca evadir procesos de selección más rigurosos dividiendo un solo objeto en varios contratos menores.

Estos señalamientos no son nuevos y cuentan con antecedentes documentados. En marzo de 2026, la Contraloría ya había publicado un informe de auditoría realizado a Coralina, donde se advirtieron deficiencias estructurales en los estudios previos y una falta total de especificaciones técnicas. En aquel entonces, se mencionaron costos de lanchas y logística sin precisar el número de embarcaciones utilizadas, así como viáticos desde Bahamas no contemplados originalmente. En esa auditoría integral, la entidad reportó hallazgos fiscales totales por $4.642 millones, aunque los reportes actuales no precisan qué porcentaje exacto de esa cifra se ha trasladado al proceso de responsabilidad fiscal abierto en esta oportunidad.

¿Quiénes están vinculados?

Al proceso han sido vinculados formalmente varios servidores y exservidores públicos que tuvieron una participación directa en las etapas de planeación, supervisión, ejecución, control y liquidación del polémico contrato. De igual manera, el representante legal de la entidad contratista, Asomucosta, ha sido incluido en la investigación. En total, se trata de cinco personas cuyas identidades se mantienen bajo reserva por el momento, conforme al debido proceso.

Hasta la fecha, no se han registrado pronunciamientos oficiales por parte de la dirección de Coralina, de los directivos de Asomucosta ni de los individuos vinculados al proceso. Por su parte, el contralor Laverde aseguró que la entidad continuará fortaleciendo las labores de vigilancia y control fiscal en el archipiélago para garantizar que los recursos ambientales lleguen realmente a su destino.

Un caso con eco en la Casa de Nariño

La decisión de la Contraloría se produce en un contexto de alta tensión política y administrativa. El Gobierno Nacional ha mantenido una presión constante sobre la transparencia de la contratación en San Andrés. El presidente Abelardo de la Espriella solicitó públicamente que se investigara a fondo la gestión de Coralina, mientras que la Secretaría de Transparencia de la Presidencia instó a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía a activar todas sus competencias de manera coordinada.

La situación judicial en las islas es compleja, pues se estima que la Fiscalía General de la Nación maneja al menos 33 noticias criminales relacionadas con diversas entidades del archipiélago. En la etapa que comienza ahora, los vinculados tendrán la oportunidad de rendir versión libre, aportar las pruebas que consideren pertinentes y ejercer su derecho a la defensa. Si tras el análisis de las pruebas la Contraloría encuentra méritos suficientes, procederá a la imputación de responsabilidad fiscal; de lo contrario, el proceso será archivado.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra Coralina?

La apertura del proceso se debe a la detección de presuntas irregularidades que habrían generado un daño patrimonial superior a los $3.000 millones. El foco de la investigación es un contrato destinado a la recuperación de arrecifes de coral en San Andrés, los cuales sufren una enfermedad degenerativa de sus tejidos.

¿Qué posibles irregularidades específicas se están examinando en este contrato ambiental?

El organismo de control fiscal está examinando la ejecución de labores de restauración que habrían quedado inconclusas, la falta de soportes en los gastos reportados, el pago de viajes internacionales a Bahamas sin justificación técnica y la posible fragmentación del contrato para eludir controles.

¿Quiénes son los implicados en este proceso de responsabilidad fiscal?

Actualmente, se encuentran vinculadas cinco personas. Este grupo incluye a servidores y exservidores públicos responsables de la gestión y supervisión del contrato, así como al representante legal de Asomucosta, la entidad encargada de ejecutar las obras de recuperación coralina.