Contraloría advirtió riesgo para la conectividad de 788 municipios por situación financiera del operador de la Red Nacional de Fibra Óptica

De acuerdo con lo que se sabe, la advertencia fue formulada por la Contraloría Delegada para el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), en desarrollo de lo que la entidad denominó como vigilancia fiscal ordinaria, es decir, el seguimiento rutinario que el órgano de control hace al uso de los recursos públicos.

El foco está en el Contrato de Aporte No. 437 de 2011, mediante el cual se ejecutaron el Proyecto Nacional de Fibra Óptica (PNFO) y el Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad (PNCAV). Este tipo de contratos son una figura en la que el Estado entrega recursos a un particular para que construya y opere una infraestructura de interés público, a cambio de obligaciones de servicio. En este caso, los recursos públicos involucrados superan los $434.000 millones, según la información divulgada por la Contraloría y recogida por varios medios nacionales.

De acuerdo con el órgano de control, la situación financiera del operador y su proceso de reorganización empresarial "han generado antecedentes de fallas operativas" reportadas en distintas regiones del país, algo que para la Contraloría implica un panorama de riesgo para la continuidad del servicio en los 788 municipios conectados a través de la red.

La entidad recordó además que la conectividad es un servicio básico, esencial y universal, y que en muchas de estas poblaciones la fibra óptica del proyecto es la principal vía de acceso a internet para hogares, instituciones educativas, entidades públicas y pequeños proveedores locales.

Según se mencionó en medios nacionales, la red operada por la compañía suma cerca de 32.000 kilómetros de fibra óptica con presencia en 893 municipios, y de ella dependen más de 250 proveedores pequeños de servicios de internet. Esta cifra corresponde a la red total del operador y no únicamente a la cobertura del contrato vigilado.

Pese a todo, es importante precisar el alcance de la decisión, dado que lo emitido por la Contraloría es una alerta preventiva sobre riesgos, no un hallazgo fiscal ni la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal. En consecuencia, no existe por ahora una declaración de daño patrimonial ni se ha señalado a funcionarios o particulares como presuntos responsables. Las alertas de este tipo buscan que las entidades a cargo adopten medidas antes de que el riesgo se materialice.

La Contraloría anunció que continuará ejerciendo vigilancia fiscal sobre el proyecto para verificar que los recursos públicos invertidos cumplan su finalidad y que el servicio no se interrumpa. Esta alerta coincidió con el trámite que adelanta Azteca Comunicaciones Colombia ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la autoridad encargada de autorizar las integraciones empresariales. Según se difundió, la compañía busca autorización para integrar y vender su red de fibra óptica a Comcel (Claro); otros medios se refieren de manera general a la venta e integración de la red, sin identificar al comprador.

Con todo esto, el desenlace dependerá, en buena medida, de lo que decida la SIC sobre esa operación, del seguimiento fiscal de la Contraloría y del monitoreo que realice la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Por ahora, no se ha dado un pronunciamiento público del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ni de la compañía frente a la advertencia del órgano de control.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué emitió la Contraloría una alerta sobre la Red Nacional de Fibra Óptica?

La entidad advirtió que las dificultades financieras y el proceso de reorganización del operador TV Azteca ponen en riesgo la conectividad en 788 municipios. El Estado ha invertido más de $434.000 millones en este proyecto para garantizar el acceso a internet en gran parte del país.

¿Qué consecuencias podría tener esta situación para los usuarios?

Existe un riesgo de interrupción del servicio, el cual es considerado esencial y universal, afectando a hogares, escuelas y entidades públicas. Además, la estabilidad de más de 250 pequeños proveedores de internet que dependen de esta infraestructura podría verse comprometida.

¿Cuál es el estado actual de la operación y qué medidas se están tomando?

Se trata de una alerta preventiva y no de un proceso de responsabilidad fiscal, buscando que se tomen medidas antes de que el servicio falle. Actualmente, TV Azteca busca autorización ante la Superintendencia de Industria y Comercio para integrar y vender su red de fibra óptica a otro operador.